Chilpancingo, Gro. 30 de Noviembre del 2017. – El fiscal Javier Olea Peláez propuso al Congreso local los nombramientos de fiscales especiales en materia de Desaparición Forzada y de Atención a Delitos Electorales.
La Mesa Directiva del Poder Legislativo turnó a comisiones las propuestas de Olea Peláez, durante la sesión legislativa de este jueves, con base a las notificaciones que presentó al pleno la Secretaría de Servicios Legislativos.
Para la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Olea Peláez propuso de titular a Antonio Sebastián Ortuño, quien en agosto del 2011 fue levantado por un grupo armado cuando era subsecretario de Administración y Finanzas en la administración de Manuel Añorve Baños.
Sebastián Ortuño colaboró en la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). También se desempeñó como secretario técnico del extinto Consejo Estatal Electoral (CEE), ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
En el directorio de la Fiscalía General del Estado, Sebastián Ortuño aparece como “coordinador de asesores” del fiscal Xavier Olea, pero también como “Encargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción”.
Su desempeño como funcionario del órgano electoral fue severamente cuestionado por partidos de oposición. Lo responsabilizaron de “operar” presuntos “fraudes electorales” a favor del PRI, cuyas investigaciones no concluyeron.
Irónicamente, Olea Peláez propuso su nombramiento al Poder Legislativo para ocupar el cargo de titular de la FEPADE en Guerrero, en la víspera del proceso electoral del 2018, en sustitución de Jesús Zamora Muñoz.
El fiscal también propuso a María Guadalupe Rendón Ramírez, como fiscal especializada en materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque –asegura- “cumple con los requisitos”.
Se desempeñó también como directora general de Fiscalización y Responsabilidades de la desaparecida PGJE, y además compitió por la titularidad de la Fiscalía, en cuyo cargo fue designado Olea Peláez.
Desde el 2016, coincidentemente con el nombramiento de Xavier Olea como titular de la Fiscalía, la abogada penalista se desempeñaba como titular de la Unidad de Personas No Localizadas de la misma FGE.
