Cortesía: Marcial Campuzano/Chilpancingo
Chilpancingo, Gro. 28 de Noviembre del 2016. – La Comisión de Defensa de Derechos Humanos (CODDEHUM), urgió la necesidad de que se elabore un marco jurídico que de ser necesario permita a las policías comunitarias cumplir una función policiaca, pero que también obligue a sus integrantes a cumplir la ley para que no haya detenciones arbitrarias, a modo, por conveniencia, o a petición de algún ciudadano que verbalmente acuse a otra persona.
Asimismo, aclaró que ese organismo está impedido para participar en detenciones arbitrarias que efectúan miembros de policías comunitarias, “porque éstas no son autoridades legalmente reconocidas”, y lo que procede cuando hay denuncias de particulares, es dar parte a la Fiscalía General del Estado para que investigue y actúe.
El presidente de la CODDEHUM, Ramón Navarrete Magdaleno dijo que es de todos conocimientos que la detención de personas, debe necesariamente responder a un marco jurídico que establece los términos en que se tienen que dar, y no de manera arbitraria.
Alertó que mientras en Guerrero hagan acto de presencia las llamadas policías comunitarias al margen de la ley, “no vamos a poder hacer mucho como organismo defensor de los derechos humanos”.
El ombudsman guerrerense calificó como arbitrario y al margen de la ley, que la policía comunitaria que opera en Tierra Colorada impida el funcionamiento de la Policía Preventiva Municipal, porque esa acción se está dando al margen de la ley, “y seguramente el presidente municipal presentará las denuncias penales por esa causa”.
Hay delitos en esa acción, porque de acuerdo a reportes periodísticos los policías comunitarios que tienen el control en Tierra Colorada, se llevaron las armas y municiones, y se podría tipificar una usurpación de funciones públicas y lo que de ahí se derive, “pero corresponderá al Ministerio Público definir el tipo de delito que se haya cometido”, indicó.
Asimismo, aclaró que el gobierno no debe establecer una coordinación con los grupos de civiles armados para darle seguridad a la población, “porque no sería una coordinación legal, toda vez que se está avanzando mucho en los derechos humanos y en la presunción de inocencia, y en el apego al debido proceso, cosa que la policía comunitaria está muy lejos de atender esos avances internacionales en materia de derechos humanos”.
Ramón Navarrete dijo que ahora se cuida mucho no afectar la imagen de las personas cuando son detenidas por la presunta comisión de algún delito, en lo que mucho están contribuyendo favorablemente los medios de comunicación, mientras que los grupos de policías comunitarias aplican detenciones por rumores o por señalamientos vagos, a quienes sacan de sus casas y los incomunican.
Si bien las policías comunitarias nacieron con una justificación social, aunque no jurídica, porque había desatención principalmente en algunas partes de La Montaña, en donde por cierto ha habido buenos resultados y se rigen por la Ley 701 de Derechos,
Reconocimiento y Cultura Indígena, que a partir de que proliferó ese tipo de policías en lugares donde no están autorizados por la Ley 701 y luego se fraccionan, “y la intención que tenían de proteger a la sociedad se convirtió en un riesgo porque han sido afectados ciudadanos comunes que nada tienen que ver con esos movimientos”, indicó.
Con ello hay una descomposición de la verdadera intención con las que nacieron las policías comunitarias, agregó el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos.
