Chilpancingo, Gro. 08 de Enero del 2017 (IRZA). – El subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales del gobierno estatal, Adolfo Vergara de la Paz, confirmó violaciones a los derechos humanos de jornaleros agrícolas guerrerenses, quienes se niegan a denunciar penalmente por temor a perder sus empleos.
“Nuestros paisanos no quieren denunciarlo, pero sí está ocurriendo”, sostuvo en entrevista el funcionario estatal, y añadió que en los campos de ordeña bovina de Zirándaro de los Chávez, municipio de la región Tierra Caliente, hay niños laborando.
Dijo que “las empresas deberían ponerles un tope a esas empresas para evitar que laboren y enviarlos a la escuela”, y aseguró que todos esos casos se están atendiendo en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Es un tema que nos ocupa, nos preocupa, y estamos atendiendo puntualmente”, reiteró, y resaltó que el gobernador Héctor Astudillo Flores les pidió constituirse en una comisión intersecretarial para atender todos los asuntos de los 45 mil a 50 mil jornaleros agrícolas guerrerenses.
Al respecto, indicó que las Unidades de Servicios Integrales ubicadas en los municipios de Tlapa, Chilapa y Ometepec dejaron de operar, debido a que servían como “aduana” porque allí se concentraban los migrantes y días después partían a los campos agrícolas del norte del país.
Señaló que esas unidades servían para conocer con exactitud cuántos hombres, mujeres y niños se desplazaban y hacia dónde, y que la de Chilapa fue habilitada como cuartel de la policía y la de Tlapa fue acaparada por miembros de la Red de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Pero aclaró que se está trabajando conjuntamente con varias secretarías del gobierno estatal, no sólo para volverlas a poner en marcha, sino para establecer políticas públicas integrales que permitan mejorar las condiciones de los jornaleros.
Adelantó que la Secretaría del Migrante realizó un censo en coordinación con los presidentes municipales, que permite identificar a cada uno de los migrantes, su origen, traslado y destino.
“Lo que se busca es darles seguimiento para que no sean violados sus derechos humanos y laborales, porque los ‘enganchadores’ los llevan con la promesa de salario, vivienda y alimentación, pero estando allá (en los campos), les dicen ‘te vamos a pagar tanto, si gustas’ y quedan a la deriva”, expuso.
Agregó que el propósito central del gobierno de Héctor Astudillo, es crear fuentes de empleo para arraigarlos en sus comunidades, mediante apoyos y proyectos productivos que sirvan de “puntero” para iniciar sus propios negocios.
