Nuevo paro en el IEEJAG, por incumplimiento en los pagos

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    Chilpancingo, Gro. 27 de Marzo del 2017 (IRZA). – Trabajadores del Instituto de Educación Especial para Jóvenes y Adultos del Estado de Guerrero (IEEJAG), de Atoyac y Zihuatanejo, iniciaron este lunes un paro laboral indefinido.




    Los inconformes exigen el pago de las últimas tres quincenas, con corte al 31 de marzo, que de acuerdo con ellos les fueron retenidas desde oficinas centrales de este organismo del gobierno estatal.

    Cornelio García Galindo, técnico del IEEJAG de Atoyac, dijo que también les adeudan dos meses de viáticos.

    En entrevista, informó que las autoridades estatales les están exigiendo que firmen un contrato que “nos perjudica jurídicamente, porque contempla dos cláusulas que contravienen nuestros derechos”.

    La primera establece que el contrato es por un año; sin embargo, también advierte que en cualquier momento se puede rescindir, además de que no estipula el pago de indemnización o finiquito por despido.

    García Galindo sostuvo que, de acuerdo con la misma cláusula, se les notificará su despido con 30 días de anticipación, sin que tampoco precisen las causales, lo cual les preocupa e intriga.

    La segunda cláusula, explicó el trabajador, indica que serán evaluados permanentemente y que con base a los resultados dependerá su permanencia. “Hay quienes tenemos de 5, 10 y hasta 20 años de antigüedad”, indicó.

    “Pedimos que primero nos paguen, porque estamos trabajando en nuestras zonas, y que, si nos van a evaluar, estamos de acuerdo, pero con el propósito de mejorar el desempeño, no para corrernos”, abundó.

    También informó que el abogado de los trabajadores ya presentó una propuesta de contrato, el cual prevé seguridad social y el despido, pero con su respectiva y justa liquidación.

    Los trabajadores advirtieron que el paro laboral será por tiempo indefinido y hasta que las autoridades les den una respuesta a sus planteamientos.

    Pero el director general del IEEJAG, Jorge Salgado Parra, insistió en que los trabajadores deben firmar el contrato por normativa institucional, y además para que quede debidamente fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación.