Chilpancingo, Gro. 29 de Noviembre del 2017. – La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que preside el diputado J. Jesús Martínez Martínez, envió un exhorto al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, para que repare los daños cometidos en materia de derechos humanos contra los 176 policías estatales que fueron despedidos hace más de cinco meses.
En entrevista, uno de los policías destituidos, de nombre José Muñoz, detalló que este nuevo exhorto se emitió luego de que el secretario incumpliera la recomendación 069/2017 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) le había enviado previamente.
Con número de oficio 2178, la Comisión del Congreso antes mencionada pide a la Secretaría de Seguridad Pública el respeto a los derechos humanos de los elementos de Seguridad Pública.
En caso de que haya omisión, dicta el documento, “son atribuciones del Congreso del Estado convocar a comparecer a las autoridades que no acepten o no cumplan alguna de las recomendaciones de la Coddehum”, advirtió.
Declaraciones del propio policía señalan que agotarán todas las instancias para que su petición sea escuchada. Asimismo, dijo que su situación de injusticia laboral no quedará impune y buscarán que se obligue a que la Secretaría de Seguridad, que violentó sus derechos, a que los repare.
Respecto a si hay apoyo por parte de todos los diputados del Congreso, el afectado indicó que únicamente quienes los han estado recibiendo son los diputados María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, y ex petista Jesús Martínez Martínez.
¿A qué se debe que haya poco apoyo de los demás diputados?, se le preguntó.
“No nos están apoyando porque hay tráfico de influencias (por parte de los diputados), porque le están echando la mano al compadre o al padrino”, respondió. Sin embargo, dijo que son los mismos legisladores quienes deben aplicar la ley, “porque ellos mismos la hacen”.
La semana pasada el presidente de la Coddehum, Ramón Navarrete Magdaleno, dijo que el caso de los policías despedidos sería turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esto ocurre luego de que la propia Secretaría de Seguridad Pública rechazara la recomendación que ya había hecho la Coddehum.
