Marchan por la liberación de líderes comunitarios recluidos

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    Chilpancingo, Gro. 02 de Marzo del 2017 (IRZA). – Activistas y estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realizaron este jueves una marcha por las calles de esta ciudad, para exigir la libertad de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos, Samuel García y Gonzalo Molina, quienes desde el año 2014 se encuentran encarcelados.




    En el caso de Campos Herrera, quien está recluido en el penal de Ayutla, el juez sexto de Distrito de Acapulco dictó un amparo contra la resolución de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que le dictó un auto de formal prisión por el delito de secuestro.

    De esa manera, el líder de la CRAC-PC en Ayutla será absuelto de ese delito; sin embargo, va a permanecer en la cárcel debido a que cuenta en su contra con otra causa penal por el mismo delito, pero en agravio de otras personas del municipio de Tlapa.

    De la que se absolvió a Campos Herrera es por el secuestro en agravio de un grupo de personas del municipio de Olinalá, y cuya causa penal es la misma que enfrentó la comandanta de la PC en este municipio, Nestora Salgado, quien ya fue dejada en libertad durante el 2016 y actualmente radica en los Estados Unidos, ya que cuenta con doble nacionalidad.

    Agustina García, esposa de Arturo, señaló que el gobierno mantiene preso a su cónyuge porque defiende al pueblo, ya que él organizó a la gente para que formara una policía comunitaria para enfrentar a la delincuencia.

    “El gobierno nos trata como animales rabiosos, y pues cuando nos hacen eso nos tenemos que defender”, aseveró.

    La marcha fue encabezada por los familiares de los tres dirigentes de la CRAC presos y avanzó por la avenida Ignacio Ramírez.

    En la protesta también participó uno de los 43 padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera, y el asesor jurídico de este organismo, Vidulfo Rosales Sierra.