Chilpancingo, Gro. 31 de Marzo del 2017 (IRZA). – Funcionarios estatales de la anterior administración enfrentarán procesos penales y administrativos por la entrega de dos obras carreteras en Heliodoro Castillo y Coahuayutla que reportaron como concluidas, pero que físicamente no representan ni el 40 por ciento de lo proyectado.
Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, quien explicó que ya se han concluido las auditorías físicas y administrativas a esas dos obras que presentan serias deficiencias y, a pesar de eso, las reportaron como concluidas y en perfectas condiciones.
El funcionario estatal indicó que esas obras se investigaron por quejas de ciudadanos de esos municipios, quienes se inconformaron a través del programa de Contraloría Social.
Precisamente este viernes se firmó un convenio de colaboración entre este programa con otros trece del gobierno federal y estatal, para verificar su ejecución en Guerrero a través de 305 comités que se conformarán en las próximas semanas.
El funcionario estatal dio a conocer que a través de ese convenio recibieron la queja de esas dos obras que en la estadística fueron concluidas, pero en la práctica no fue así y sólo se tiene un avance de un 40 por ciento como máximo en ambas.
El contralor calificó esos dos casos como “graves; uno es en Yextla, en la Sierra, y otro en Coahuayutla. Son obras del gobierno anterior que no fueron terminadas y se fincarán las responsabilidades o lo que se determine”.
En ese sentido, se refirió a lo que ha hecho la Contraloría respecto a la revisión de la entrega de la administración de Rogelio Ortega, e indicó que se han hecho auditorías de parte del estado y de la federación.
Señaló que se han derivado varios pliegos de responsabilidades administrativas contra ex funcionarios estatales. En ese sentido, se le preguntó si eran 40 o 50 ex servidores públicos contra los que se han hecho esos deslindes, pero se limitó a responder: “creo que más, muchos más”, y ya no quiso abundar al respecto.
Refirió que se trata de funcionarios de secretarías de Salud, Educación, Finanzas, entre otras. “Hay otras, muchas más, y se les está dando el trámite correspondiente”, añadió Ramos del Carmen.
Agregó que de las auditorías que practicó la Contraloría estatal, está corriendo el término para que los ex servidores públicos solventen las observaciones que hayan encontrado en esas revisiones.
