*Ante Derechos Humanos solicitó medidas cautelares
Chilpancingo, Gro. 06 de Marzo del 2017 (IRZA). – El síndico procurador del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan (Apango), Benito Sánchez Ayala, denunció penalmente a la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, a quien responsabilizó como autora intelectual del atentado que sufrió la tarde del jueves 2 de marzo.
Tras presentar su ante denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, el edil acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde declaró por dos horas.
Al ratificar la demanda, dijo, presentará los medios de pruebas, como fotografías y testimonios de los hechos.
Además, solicitó medidas cautelares para él su familia, pues teme que la alcaldesa ordene un nuevo ataque en su contra. “He andado muy tenso, porque conociendo a la señora, hay que tener cuidado”, externó.
Señaló que varias personas trabajan para Muñiz Gómez, quienes lo están “intimidando” y quienes vigilan sus movimientos, así como su casa. “Temo por mi vida, pero no puedo quedarme callado”, sintetizó el edil.
Narró que el jueves 2 de marzo, alrededor de las 19:20 horas, viajaba a bordo de una camioneta propiedad del Ayuntamiento cuando tres sujetos armados y encapuchados le salieron al paso y le dispararon.
Comentó que logró salir de la unidad y correr hacia el cerro. Indicó que la unidad tenía al menos seis impactos de bala. Demandó que esta denuncia no quede rezagada y que se le dé su curso normal.
También denunció que las regidoras Edelmira del Moral y Rosario López García ya han sido “amedrentadas” por la alcaldesa. “A veces nos quedamos callados, pero ahora seguiremos hasta donde nos permita llegar, porque temo otro atentado”, adelantó.
Desvía Felicitas 4 mdp
Benito Sánchez Ayala informó que la alcaldesa no ha presentado su cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, pese a que el plazo venció el 28 de febrero, y la cual presenta una severa lista de irregularidades financieras.
“Hemos cuestionado porque en 3 meses se desviaron 4.4 millones de pesos. A ella le correspondía aclarar esas observaciones el 23 de febrero y hasta ahora no hay aclaración de esos recursos”, indicó.
Sostuvo que esos recursos corresponden a fondos federales y a la Auditoría General del Estado ya solicitó su aclaración. “No ha entregado la cuenta pública, requiere sanción de 600 a mil salarios mínimo”.
“Hemos peleado porque los recursos se ejecuten; ha desviado muchos recursos. De acuerdo a la ley, soy quien puede reclamar estas cuentas públicas, observarlas y firmarlas, pero no hay claridad y sí muchos desvíos”, afirmó.
