Chilpancingo, Gro. 27 de Febrero del 2017 (IRZA). – En mes y medio se podría emitir una resolución en torno a la solicitud de amparo del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) lo considera responsable del asesinato de un trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totolapan, cuando el ahora legislador fue alcalde de ese municipio terracalentano.
Sobre el tema, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, consideró que la Comisión Instructora del Congreso del Estado se está tomando su tiempo para determinar el procedimiento legislativo de desafuero contra el diputado priista.
Olea Peláez dijo que desde su punto de vista “se le tiene que dar al presunto responsable el beneficio de defenderse” y que se cumpla con todos los protocolos de un debido proceso.
Como se recordará, el diputado tramitó un amparo ante un juez federal contra el procedimiento penal que se inició en su contra y que derivó en una orden de aprehensión.
Al respecto, Olea Peláez consideró, “que el Congreso debe esperar que resuelva de fondo el juez esta solicitud y pueden suceder tres cosas: que conceda un amparo para efectos, conceder el amparo liso y llano o finalmente negárselo en definitiva”.
Abundó que este 17 de marzo habrá una audiencia constitucional en el juzgado federal donde el legislador priista tramita su amparo, donde han solicitado a la FGE sustancie su expediente penal y a la juez su expediente judicial que la llevó a librar la orden de aprehensión: “nosotros ya cumplimos con enviar lo que nos han solicitado, no sé si la juez ya lo hizo; técnicamente la sentencia de ese amparo debería de resolverse en la audiencia constitucional, en la práctica no es así por el cúmulo de fojas de los expedientes, los jueces en general se toman un tiempo para analizar las constancias de los autos de las autoridades responsables”.
Comentó que “creemos que en mes y medio se puede resolver el amparo” y sostuvo que en tanto la FGE ha tomado medidas precautorias para evitar que el legislador se fugue, “hay una vigilancia constante, extrema, de los movimientos del diputado”.
Olea Peláez añadió que, en su opinión como abogado y titular de la FGE, “en la averiguación previa hay suficientes indicios para consignar y para librar la orden de aprehensión”, añadió.
