PLANTEAN PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR Y TITULAR DE LA FISCALÍA CUMPLAN CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA

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Chilpancingo Gro; a 22 de marzo de 2019.- Con el propósito de fortalecer a las instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia en Guerrero, el diputado Moisés Reyes Sandoval propuso reformar la Constitución Política local para establecer como requisitos la experiencia mínima de un año y el Servicio Profesional de Carrera en los nombramientos del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del fiscal general del estado.

Al hacer la exposición de motivos, el legislador dijo que Guerrero enfrenta graves problemas de justicia y seguridad pública, lo que hace imperante la necesidad de revolucionar la organización del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

Reseñó que con el paso de los años se han venido implementando en el país reformas legales que traen consigo la puesta en operación de nuevos sistemas y métodos de impartición de justicia en las diversas ramas del derecho, esto acorde lo que hace más exigentes los protocolos de operación de las dependencias encargadas, para cumplir su función primordial: garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.

“Lo que se busca con esta reforma es garantizar que dichos cargos los desempeñe gente profesional, abogados preparados; se debe dar preferencia a la carrera judicial como a la ministerial en estas instituciones, eso será garantía para la seguridad y administración de justicia en la entidad”, expuso.

Moisés Reyes señaló que es imperativo realizar las reformas y adiciones necesarias a la Constitución Política local para lograr el fortalecimiento pleno de las instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia, con apego a los principios y objetivos establecidos en Ley, además de desempeñar sus funciones y atribuciones en un contexto de efectividad y transparencia.

Además, garantizar que quienes asuman la titularidad de los órganos autónomos, como son la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, sean profesionales probos y con pleno conocimiento de la realidad y problemática de nuestro estado.

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