*Es improcedente, afirma el comisionado Joaquín Morales
Chilpancingo, Gro. 16 de Febrero del 2017 (IRZA). – El amparo que promovió el Congreso del Estado contra la resolución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), “es improcedente”.
Joaquín Morales Sánchez, comisionado ponente del Instituto, confió en que el Juzgado Décimo de Distrito rechace el juicio de garantías (que puede llevar a un amparo de la Justicia federal), al establecer que no existe ninguna violación a los derechos del sujeto obligado, en este caso el Poder Legislativo de Guerrero.
Además de que no le asiste el derecho al Congreso de ampararse “porque es una obligación estipulada en leyes generales, y al final de cuentas la Ley de Transparencia local es una copia casi fiel de la ley general”, afirmó.
Dicho amparo fue promovido por la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ante el Juzgado Décimo de Distrito con sede en esta capital, a nombre de la toda la Legislatura.
Lo anterior, para mantener en reserva (en secreto) el monto total del salario neto y bruto de los diputados y servidores públicos del Congreso y de los funcionarios de ese órgano legislativo, como ordenó el ITAIGro con base a un juicio de revisión que promovió el ciudadano Enrique Astudillo.
Amparo es contra toda resolución en general
Añorve Ocampo declaró el miércoles que la solicitud de amparo es para protegerse de la multa por 10 mil pesos que impuso el ITAIGro; sin embargo, el comisionado precisó el recurso de garantías para frenar toda la resolución.
La excitativa del ITAIGro ordena al Congreso entregar en un plazo de 5 días hábiles la información que solicitó el recurrente: directorio de todos los servidores públicos, nombre, cargo, nombramiento asignado y percepciones de todos y cada uno de los 46 diputados locales y funcionarios del Poder legislativo guerrerense.
Se insiste en conocer la remuneración bruta y neta de los servidores de base y de confianza, todas percepciones incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.
Explicó que la sanción económica se impone en consecuencia al desacato del sujeto obligado, la cual ni siquiera se impuso porque el Poder Legislativo frenó la resolución mediante solicitud de amparo.
Joaquín Morales indicó que la resolución puede consultarse en el sitio web del ITAIGro, la cual, aseguró, “está debidamente fundada y motivada”.
Con la solicitud de amparo se otorgó la suspensión de la resolución del ITAIGro, hasta que el Juzgado Décimo de Distrito lo apruebe o lo declare improcedente. El comisionado confió en que no prospere.
La institución no tiene derechos humanos
De acuerdo con Morales Sánchez, el sujeto obligado, en este caso el Poder Legislativo, no tiene derechos humanos. Esto, en respuesta al argumento legal que presentó el Congreso en su solicitud de amparo.
Lo que sí procede, agregó, es que cada uno de los 46 diputados, como ciudadanos, ejerzan su derecho de recurrir al amparo, “porque allí sí se violentaría posiblemente el derecho fundamental de la privacidad”.
“Lo más grave es que tienen constituido un Comité de Transparencia que integra la Junta de Coordinación Política, y para el cumplimiento de las resoluciones por lo menos el Comité tiene que conocer las resoluciones y sesionar en su caso”, expuso.
