Investigará Congreso la compra del sistema “El Perro”; podría ser una “compra fantasma”

Anuncio

Chilpancingo, Gro. 27 de Junio del 2017 (IRZA). – La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local podría intervenir ante la Auditoría General del Estado para ubicar el software de rastreo de llamadas conocido como “El Perro”.

También se investigará para descartar una posible “compra fantasma”, toda vez que las autoridades del gobierno estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores no recibieron ese aparato en el proceso de entrega-recepción.

“El Perro”, como se le conoce al artefacto de espionaje, fue adquirido durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, por un monto de 17.5 millones de pesos, según confirmó el fiscal Xavier Olea Peláez.

El diputado Eusebio González Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, anunció que solicitarán un informe a la AGE para determinar si la compra está sustentada en la cuenta pública.

Sin embargo, admitió que el tema no ha sido abordado al interior de la comisión, pero insistió que sí tienen facultades para solicitar un informe, y que de ser necesario lo harán a la brevedad posible.

Explicó que a la actual legislatura local no le correspondió fiscalizar esa compra y que por eso es necesario recurrir primero a los archivos de la AGE, y de ser necesario a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Agregó que la fiscalización del ejercicio fiscal 2013 apenas está concluyendo en la ASF, por lo que no descartó que en breve fluya esa información, para después turnarlo a la Procuraduría General de la República (PGR), en caso de alguna irregularidad.

“Todo aquello que sea parte de un ejercicio público debe justificarse y comprobarse físicamente, no sólo en papel, de lo contrario hablaríamos de que hubo desvío de recurso para algo que no está siendo utilizado, y habría que revisar quién malversó ese recurso para que sea castigado”, afirmó el legislador.

-¿Podría tratarse de una compra fantasma? -se le preguntó.

“Tendrá que sancionarse a quien aprobó la cuenta, primero. Hay responsables. El origen del recurso debe ser fiscalizado y eso le toca a la AGE. Debe haber sanciones en caso de que se haya pagado y que no haya sido adquirido. No podría asegurarlo, pero tampoco se descarta”, afirmó.

González Rodríguez agregó que la Secretaría de Seguridad Pública también debe informar si recibió el mecanismo o si éste tampoco está sustentado en el proceso de entrega-recepción.