EXHORTAN A MUNICIPIOS PARA ATENDER EL DESPLAZAMIENTO INTERNO DE PERSONAS

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Chilpancingo Gro; a 14 de marzo de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local analiza un exhorto para que los ayuntamientos adecuen su marco normativo con la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado, a efecto de implementar los protocolos de atención a las víctimas y evitar la continuidad del problema.

La propuesta fue presentada en tribuna por el diputado Carlos Cruz López, quien manifestó su preocupación por que en Guerrero se han registrado 2 mil 165 desplazados en diferentes municipios.

Lamentó que las familias se vean obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de conflictos de diversa índole, como ataques y enfrentamientos armados, desalojos con violencia y por la disputa del territorio entre grupos armados.

Dijo que esto trae como consecuencia una situación de vulnerabilidad y violación a los derechos humanos de los pobladores, pues al dejar sus casas y tierras, se enfrentan a condiciones serias de pobreza y ven afectado el desarrollo de sus hijos que abandonan las escuelas.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario Morena precisó que los municipios más afectados por este fenómeno son: Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente; Apaxtla y Teloloapan, en la Zona Norte; Heliodoro Castillo, en la Sierra; Leonardo Bravo y Eduardo Neri, en la zona Centro, y recientemente Zitlala y Chilapa, de la Montaña Baja.

Ante esta situación, Cruz López exhortó a los municipios que presentan esta problemática a establecer programas emergentes de apoyo, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias a través de la creación de comisiones que coadyuven con los gobiernos estatal y federal para generar condiciones propicias para el retorno de las familias a sus comunidades de origen.

Además, que las administraciones municipales tomen las medidas legales necesarias para que las personas desplazadas cuenten con la seguridad jurídica de sus propiedades, suspendiendo los traslados de dominio y cualquier otro medio jurídico que les permita mantener su patrimonio.

Por último, que el Congreso del Estado vigile que se cumplan las medidas de carácter preventivo y se implementen los protocolos de seguridad y atención en todos los municipios, aun en los que no se presente el desplazamiento interno, para evitar el aumento de esta problemática.

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