Diputado federal de Morena promueve juicio político contra legisladores locales

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*La 62 Legislatura, la más improductiva del país: Cayetano

*Se autoasignaron 21 días de vacaciones, lo que es ilegal

*No cumplen con la naturaleza constitucional republicana, acusa

Chilpancingo Gro; a 01 de agosto del 2019.- El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, presentó una demanda de juicio político en contra de los diputados integrantes de la Comisión Permanente, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, ésta última presidida por el también morenista Antonio Helguera Jiménez, y aseguró que la 62 Legislatura local es la más “improductiva” del país.

Se pronunció porque la Comisión Instructora les revoque el mandato a los 27 diputados que conforman esos tres órganos legislativos y cite a sus suplentes para que los reemplacen por lo que resta de la legislatura, porque han abandonado la tribuna y sus facultades como congresistas, por lo que “no merecen más la representación popular”.

Cayetano arribó a las 12:00 horas a la sede del Congreso local, cuyos accesos están cerrados. Personal de seguridad le permitió ingresar por el estacionamiento. Minutos más tarde presentó su demanda ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la ex Oficialía Mayor.

El motivo de la denuncia dijo, se debe al “abandono del cargo” debido a los 21 días de vacaciones que se autoasignaron los diputados locales, lo que “rebasa el plazo máximo legal de una quincena previsto por el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero”.

Recordó que la última sesión ocurrió el miércoles 17 de julio y que la Mesa Directiva convocó nuevamente hasta el 7 de agosto: “Ninguna Comisión Permanente legalmente instalada, había rebasado jamás los 15 días para reiniciar sesiones”.

Lo que no puede entender, agregó, es que la Jucopo que preside su correligionario Antonio Helguera Jiménez “haya concedido previamente ese aval, por lo menos verbal”, por tratarse del máximo órgano de gobernanza interna del Poder Legislativo, por lo que también se fincan responsabilidades sobre sus integrantes.

De acuerdo con el también ex presidente del Colegio de Abogados A.C de Chilpancingo, 27 diputados violaron las constituciones federal y estatal, así como las leyes que de ellas emanan, “al abandonar su responsabilidad pública que ha traído graves consecuencias”.

Congreso de Guerrero, el menos productivo del país

Pese a su investidura como diputado federal, Cayetano García precisó que interpuso esta denuncia como ciudadano y de manera personal y negó que tenga el propósito de afectar a los diputados de Morena y su propio partido.

En ese sentido aseguró que él no pertenece a ningún grupo político interno de Morena, pese a su cercanía con César Núñez Ramos, primer dirigente de ese partido en Guerrero y actual delegado regional en Acapulco.

Cayetano presentó incluso argumentos políticos para sustentar su demanda, como el hecho de que la 62 Legislatura del Congreso local es la de “menos productividad en el trabajo legislativo”.

Citó, por ejempló, que el miércoles 31 de julio la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma que reconoce a los pueblos afromexicanos y que “vergonzosamente el Congreso de Guerrero no figura entre los diecisiete congresos locales que la avalaron, siendo Guerrero el estado del país con mayor población afrodescendiente de México, inverosímil e imperdonable”.

Recordó que esta Legislatura no aprobó el presupuesto de egresos 2019 (de Guerrero) dentro del plazo legal. Por un conflicto laboral decidió sesionar en sedes alternas y, contrario a la austeridad republicana, adquirió un sofisticado tablero electrónico por más de 7 millones de pesos, al cual no se le ha dado uso.

En conclusión, afirmó, el Congreso de Guerrero dejó de “cumplir” con su naturaleza constitucional republicana, como un órgano del poder público capaz de aceptarse diverso, plural, incluyente y tolerante.

Cayetano también aseguró que hay una serie de pendientes que los diputados locales se han negado a resolver, como el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como una serie de leyes y reformas que están en la “congeladora”. 

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