Chilpancingo, Gro. 13 de Junio del 2017 (IRZA). – Los gobiernos federal y estatal mantienen -ayudan casi permanentemente- a 16 mil presuntos damnificados de Ingrid y Manuel de la región Montaña -entre ellos servidores públicos-, quienes protegidos por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, no permiten que el padrón sea depurado a pesar de que ya no se justifica la entrega del recurso.
El problema surgió porque de los 60 millones que se asignaron del 2013 al 2016 para el programa especial de alimentación, en este 2017 disminuyó a 15 millones debido a los ajustes financieros, lo que causó la inconformidad de los damnificados, quienes protestaron en la cabecera municipal de Tlapa, región Montaña.
Lennin Carbajal Cabrera, delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), explicó que este es un programa “emergente” tras los daños que causaron los fenómenos hidrometeorológicos “Ingrid” y “Manuel” en 2013.
“Ya pasaron cuatro años y se entiende que la gente damnificada ya debe tener cómo cultivar las tierras”, dijo este lunes el funcionario federal en entrevista, y agregó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en coordinación con su similar de Guerrero, implementaron un programa especial para recuperar las parcelas afectadas y les entregaron insumos de siembra y fertilizante.
Sobre si ya no es necesario continuar con el programa alimentario para las personas que aún habitan en albergues, Carbajal comentó que sí, pero sólo para quienes “realmente lo necesitan”.
Reveló entonces que, de las 16 mil familias beneficiadas con ese programa, entre ellos “gente que se ha detectado que incluso son servidores públicos”, podría reducirse a 10 mil o 6 mil personas que realmente necesitan el apoyo.
Sin embargo, el funcionario aceptó que no han podido reducir el padrón porque “lo manejan ellos”, y “no han permitido la depuración ni la revisión”.
– ¿Quién maneja el programa? –
– “Abel Barrera, de Tlachinollan. Él entrega los recursos”, reveló.
Expresó incluso que los directivos se molestaron porque a partir de enero que fue designado al frente de la CDI, fue directamente a entregar el recurso de acuerdo con las listas de beneficiarios, lo que les “causó molestia”.
No obstante, comentó que el padrón será revisado desde que se implementó, en septiembre del 2013, para descartar actos de corrupción o desvíos de recursos, pues señaló que aún hay beneficiarios que al mismo tiempo son servidores públicos.
