Chilpancingo, Gro. 30 de Agosto del 2016 (IRZA). – La alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, recurrió al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) para solicitar “protección personal”, debido al conflicto que mantiene con un grupo de ediles y ciudadanos de la cabecera de ese municipio que exigen su destitución.
Felícitas Muñiz, del Partido Movimiento Ciudadano (MC), compareció para sustentar su solicitud el 15 de agosto ante el Consejo General en apego al Protocolo para Prevenir y Sancionar la Violencia de Género del IEPC.
Además, recibió asesoría jurídica de parte de las consejeras Rocío Calleja Niño y Alma Delia Eugenio Alcaraz, de acuerdo a las facultades del mismo protocolo.
No obstante, el 19 de agosto el órgano electoral local remitió su petición a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría General de Gobierno, para que en base a sus facultades garanticen esas medidas.
También se dio vista a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que investigue si en este conflicto existen delitos electorales que se deban perseguir y sancionar.
Cabe mencionar que la alcaldesa enfrenta una demanda de juicio político ante el Congreso local promovida por un grupo de regidores, la cual es respalda por ciudadanos de la cabecera municipal, quienes demandan su destitución por presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con la consejera Marisela Reyes Reyes, presidenta del Consejo General de IEPC, el protocolo no sólo se aplica en defensa de candidatas a cargos de elección, sino a las mujeres que ya están en funciones, y a eso se apegó la alcaldesa de Mártir de Cuilapan.
En entrevista explicó que, en su comparecencia, a alcaldesa dijo que no puede ingresar al Palacio Municipal porque está “tomado” por un grupo de ciudadanos que han atentado contra su integridad física y bienes patrimoniales, además de que está “gobernando” a distancia por el peligro que corre.
“Compareció en calidad de alcaldesa. La solicitamos para respuesta al oficio que presentó en donde nos solicitaba que nos pronunciáramos sobre el asunto, que le liberáramos medidas de protección”, confirmó.
Sobre el protocolo explicó que es un instrumento nuevo que le da facultades al IEPC para intervenir en casos de violencia de género, dentro de la función pública, sobre todo de presidentas municipales y diputadas locales.
“Las autoridades electorales empiezan a tener participación, no sólo para ver si se está ejerciendo violencia política contra quienes fueron candidatas o en funciones, sino dentro de los mismos órganos electorales”, expuso.
Agregó que una magistrada -sin precisar de quién se trata- recurrió a este protocolo al denunciar que sus compañeros estaban ejerciendo violencia política de género en su contra. “Era la única mujer con dos hombres y de pronto el ejercicio del cargo, visto desde mujeres, si tiene connotación de violencia política”, aseguró.
Sostuvo también que hay casos particulares que se están atendiendo porque, agregó, hay hasta presidentas de órganos electorales en otros estados del país que están siendo acosadas por sus compañeros.
Además, deslizó que ella misma ha sido y sigue siendo víctima de este problema de comportamiento, aunque se negó a dar detalles.
