Chilpancingo, Gro. 20 de Enero del 2017 (IRZA). – El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) precisó que el sueldo real de los consejeros es inferior a 190 mil pesos mensuales.
Con base a un comunicado que emitió esta noche el órgano electoral, el monto referido constituye una “cifra bruta” y en la cual “recae una carga impositiva en términos fiscales del 35 por ciento”.
Exigieron a los actores políticos y sociales “debatir con responsabilidad” el tema de sus ingresos, porque “en el contexto de inseguridad que se vive” en Guerrero, los pone en riesgo y además no hace mayores aportaciones.
“El IEPC rechaza que sin mayor fundamento se asignen calificativos a su tarea institucional y percepciones salariales de sus funcionarios, sin que haya un procedimiento iniciado por las autoridades competentes”, afirman.
Todo esto en respuesta a las críticas y señalamientos que emitieron diputados, empresarios y líderes sociales en medios de comunicación, luego de que, en la sesión del martes 17 de enero, los consejeros aprobaron reducirse el sueldo en un 10 por ciento.
Marisela Reyes Reyes, presidenta del órgano electoral, informó que su sueldo era de 212 mil 930 pesos al mes y con la reducción pasó a 191 mil 637 mil pesos. Los seis consejeros restantes ganaban 175 mil 974 pesos, cuyo monto pasó a 158 mil 376 pesos.
Esto generó una serie de críticas y señalamientos de representantes de diferentes sectores en contra de los consejeros electorales, entre ellos diputados, dirigentes sociales y empresarios locales.
Al respecto, el IEPC respondió esta noche que las cifras dadas a conocer representan el salario “bruto” de sus ingresos, sobre el cual se ejerce un descuento del 35 por ciento vía impuestos.
De acuerdo con el comunicado, el ingreso mensual de los consejeros -antes de la disminución del 10 por ciento- no lo fijó el Consejo General, el cual estaba vigente desde enero del 2014.
En ese año, recuerdan, se modificó el método de designación de los consejeros actuales y en funciones desde octubre de ese año, mediante una reforma constitucional.
“Por lo que llama la atención que los salarios no resultaran ‘escandalosos’ y ‘exorbitantes’ antes, pese a que en términos de ley debieron formar parte del presupuesto y cuenta pública de ese entonces”, señalan.
“Resulta preocupante que hablar con la verdad sea motivo de una sanción mediática”, indican, y afirman que sus ingresos están vinculados a la naturaleza de la institución, la trayectoria de sus funcionarios, el trabajo realizado y una evaluación objetiva de su desempeño institucional.
Como la realización de procesos electorales locales, que, para el caso de la elección de ayuntamientos y diputados del 2018, iniciará el septiembre de este 2017, así como los mecanismos de participación ciudadana, entre otras tareas.
En el comunicado también se señala que el IEPC ha sido objeto de “una fiscalización permanente desde la designación de sus consejeros actuales a la fecha, con la realización de cinco auditorías, sin que hasta el momento se haya emitido un pliego final de observaciones”.
Además, reiteraron “su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, así como con el ejercicio responsable de la libertad de expresión y el derecho a la información, todos componentes democráticos”.
