Chilpancingo, Gro. 20 de Octubre del 2016 (IRZA). – El pleno del Congreso local rechazó la creación de una comisión especial para investigar el desfalco financiero que heredaron los ex gobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.
La propuesta de la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue turnada a la Junta de Coordinación Política porque los diputados, incluidos los del PRD, votaron en contra.
De acuerdo con el punto de acuerdo propuesto en la sesión de este jueves, la comisión tendría la facultad de investigar irregularidades, desfalcos, falta de comprobación, desvíos de recursos u otros actos que hayan causado el quebranto financiero del gobierno estatal.
Así como deudas, déficit, desfalco o fraude al erario público en agravio del pueblo de Guerrero cometidos por gobiernos y administraciones anteriores.
El propósito, dijo la diputada, es “conocer de manera fehaciente la verdad de esas anómalas, ineficientes y corruptas administraciones”.
Para turnar el resultado de esas investigaciones a las autoridades administrativas, fiscalizadoras y persecutoras de delitos para sancionar a los responsables, pero sobre todo “recuperar el monto de lo defraudado”.
Sin embargo, la propuesta no tuvo el consenso de los diputados, pues la mayoría votó en contra de este asunto propuesto como de urgente y obvia resolución. Cabe mencionar que la diputada de Morena sistemáticamente vota en contra de cualquier propuesta.
Cisneros Martínez recordó que, al inicio de la actual administración estatal, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer un desfalco a las finanzas públicas.
Recientemente, agregó, el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, dijo públicamente que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero no pagó el Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria, de las secretarías de Educación y de Salud, cuyo adeudo acumulado asciende a 4 mil millones de pesos, y que además el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho al gobierno estatal 32 observaciones.
Y que sólo hay procedimientos administrativos por estas anomalías, “negando que se haya procedido de manera legal por alguna responsabilidad de tipo penal en contra de los ex gobernadores”.
La diputada indicó que esta situación genera muchas suspicacias, porque esos presuntos procedimientos administrativos sólo procederían a la inhabilitación, “pero habrá impunidad respecto al castigo por esas responsabilidades que se han hecho públicas”.
Por ello consideró que el Congreso local no debe permanecer “como un simple mirón, eso sería contumacia y reticencia cómplice”, pues en los hechos es el contrapeso político de los poderes del Estado y órgano fiscalizador por excelencia; sin embargo, su propuesta no prosperó.
