Chilpancingo, Gro. 12 de Enero del 2017 (IRZA). – Dirigentes de partidos políticos coincidieron en que la reducción de su financiamiento público anual no resuelve la recesión económica prevista para este 2017, de la cual deriva el incremento al precio de los combustibles, aunque agregaron que aceptarían la propuesta si los funcionarios de los tres niveles de gobierno renuncian a sus prestaciones y gastos onerosos e innecesarios.
Marco Antonio Maganda Villalva, dirigente del PAN; Arturo Álvarez Angli, del PVEM; Adrían Wences Carrasco, de MC, y Jorge Salazar Marchán, del PT, cuestionaron la contradicción que existe entre la disminución del presupuesto al gasto social en este 2017 y los privilegios de funcionarios.
Diputados federales analizan reducir el gasto de los partidos políticos debido al descontento social que causó el incremento al precio de la gasolina y el diésel. En este 2017 los partidos con registro nacional recibirán 4 mil 59 millones de pesos.
Adrián Wences Carrasco, líder de Movimiento Ciudadano, pidió “analizar varias alternativas”, porque la reducción de las prerrogativas de los partidos “no soluciona” la devaluación del peso frente al dólar, ni los costos por importación de gasolina.
Aseguró que la propuesta es una “salida fácil” cuando el gobierno federal incurre en “dispendio” de recursos, además de la asignación “criminal de bonos”, lo cual constituye “una grosería para el pueblo”.
“Debe haber austeridad, pero debe iniciar con el ejemplo del gobierno federal porque tienen (sus funcionarios) sueldos de primer mundo”, sostuvo, y lamentó la reducción presupuestal asignada al gasto social de este año, aprobada por el Congreso de la Unión.
“Hay muchos otros rubros y partidas de las que podría disponer el gobierno federal para hacer frente a esta inconformidad y para no recurrir al incremento indiscriminado de la gasolina”, añadió.
Arturo Álvarez Angli, del PVEM, respaldó la propuesta, aunque coincidió en que los montos financieros que deriven de esa medida “no son los que se requieren para recuperar el rumbo”, aunque “es sano que haya ajustes y límites”.
“Todos los excesos, gastos y abusos en el ejercicio de la función pública deben reducirse, señalarse, castigarse y eliminarse”, además de que debe transparentarse el uso las prerrogativas de los partidos.
Llamó a evitar “gastos infructuosos” amparados en la función y objetivos de los partidos, así como de la administración pública en todos los niveles.
“Viajar en primera clase es un exceso y un abuso que se debe evitar y eliminar; una comida de negocios en el restaurante más caro del país, de la ciudad, es un exceso y debe haber topes para eso; quien usa vehículo de lujo por la función que desempeña es otro exceso que se debe eliminar, castigar y sancionar”, afirmó.
Jorge Salazar Marchán, del Partido del Trabajo, precisó que del 100 por ciento del presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos alcanzan apenas el 22 por ciento; el resto, dijo, se aplica en sueldos, rentas millonarias en instalaciones, bonos, telefonía y gastos de representación.
También criticó los elevados sueldos y prestaciones que tienen los consejeros del INE, así como sus similares locales, quienes además siempre han aspirado a ganar como magistrados.
“Esta propuesta de reducción vestida de propuesta ciudadana cae en contradicción porque realmente no alivia el impacto financiero; es un asunto recaudatorio, es una política hacendaria regresiva porque afecta el consumo en general, no sólo la gasolina”, expuso.
Y además, dijo el ex diputado local, es un “contrasentido” que se sustenta en el “momento político y porque realmente no resuelve el problema de fondo que es el recaudatorio, que tampoco va al gasto social”.
Finalmente, Marco Antonio Maganda Villalva, dirigente del PAN, afirmó que “la reforma fiscal” aprobada por la pasada legislatura federal “está pegando a los bolsillos de los mexicanos y de los guerrerenses”.
Consideró que se deben analizar varias alternativas y no sólo reducir las prerrogativas de los partidos, como los sueldos de los directivos de Pemex y funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como sus prestaciones.
Pero aseguró que el PAN será el primero en respaldar la reducción del financiamiento a los partidos políticos, si es necesario, porque también es “lamentable” que el gobierno federal le “quiera cargar a los ciudadanos” sus errores financieros.
Reconoció que su diputada federal por Guerrero, Guadalupe González Suástegui, votó a favor de la Ley de Ingresos de este 2017, pero aseguró que en lo particular se opuso al impuesto a la gasolina y a la liberación de su precio.
Para que dieran sus opiniones respecto al tema, se buscó vía telefónica a los dirigentes estatales del PRI y del PRD, pero éstos no contestaron las llamadas.
