CIDH espera detención de “actores estatales” por desaparición de los 43

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*“Pretenden evadir una responsabilidad las autoridades encargadas de investigar”, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

*Este lunes ese organismo presentó un informe preliminar del caso en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa

*Pide al presidente Enrique Peña Nieto dejar a un lado versión de que los 43 fueron calcinados y “cambiar la narrativa”

*La CIDH confía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cree comisión independiente para esclarecer el asunto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “cambiar la narrativa” en torno a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala y que mejor permita la creación de una comisión independiente para la investigación del caso, la que esperan se consolide con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien entrará en funciones el próximo primero de diciembre.

El presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en que los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, después de que sicarios y policías municipales de Iguala se los llevaron en camionetas la noche del 26 de septiembre de 2014 y los habrían entregado a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala

Este lunes, los abogados Esmeralda Arosamena Bernal de Troitiño, Luis Ernesto Vargas Silva y Francisco José Eguiguren Praeli, miembros de la CIDH, estuvieron en las instalaciones de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, donde presentaron un informe preliminar sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes.

Los miembros de la CIDH fueron recibidos en la entrada del camino a la escuela por integrantes de la oficina del alto comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), alumnos y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

Acompañados por la banda de guerra de la escuela, caminaron desde el arco de acceso que se ubica sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, hasta las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Ahí, en la cancha de básquetbol presentaron su informe, donde también tres padres les solicitaron que no los dejaran solos, porque necesitan de su respaldo y solidaridad para encontrar a sus hijos.

En su intervención, Esmeralda Arosamena señaló que, en la actualidad, los 43 jóvenes ya hubiesen terminado sus estudios, “a lo mejor estarían dando sus primeras clases (como maestros); siempre los tendremos presentes a sus padres, amigos y familiares”.

Dijo que presentaban un informe preliminar y que, para noviembre próximo, la CIDH realizará un informe final.

“El informe tiene como objetivo tener memoria, recoger lo que hemos estado exigiendo y demandando. Dentro de unos días se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de sus hijos y no se ha hecho justicia. Los acompañaremos hasta encontrar la verdad y a los muchachos”, les dijo Esmeralda Arosamena a los padres.

Realizó un recuento de todas las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la información que se ha registrado del caso en los cuatro años de haber desaparecido los jóvenes estudiantes.

Arosamena Bernal señaló que esas recomendaciones del GIEI, coinciden con la resolución de un Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, para crear una comisión independiente de justicia y verdad para el caso de los 43.

Agregó que, a cuatro años de esa desaparición forzada, “el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido, siguen pendientes líneas de investigación que hemos indicado que deben profundizarse para obtener mejores resultados, apegadas a la verdad, con imparcialidad”.

Lamentó que Enrique Peña Nieto, antes de salir del cargo, vuelva a retomar la “verdad histórica” que ha tratado de imponer la Procuraduría General de la República (PGR), que indica que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

“No se han realizado cambios en la narrativa para enfocar esas líneas de investigación y tener que dejar de una vez por todas esa posición que el señor presidente saliente plantea como verdad histórica, lo que la CIDH ha rechazado, lo que la CIDH no acepta”, dijo.

Esmeralda Arosamena consideró que la PGR debe de tener “una nueva forma de enfocar las investigaciones a las líneas que ha dictado, debe haber una revisión autónoma, imparcial, independiente e integral de toda la investigación y no más desagregados”.

Aseveró que la CIDH no comparte la postura de Peña Nieto de insistir en esa versión oficial, “no aceptamos esa narrativa, le pedimos no más hablar de esa línea, nos hace daño, nos indigna, los lastima, no lo toleran las víctimas”.

Dijo que la CIDH confía en que, con la renovación del gobierno federal a partir del 1 de diciembre, “pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación que se apegue a la independencia e imparcialidad en el desempeño de una persecución del crimen, es importante que se conozca la verdad”.

Añadió que para la CIDH hay diligencias incompletas y que se debe de investigar la complicidad en el caso de la Policía del Estado y Federal, del Ejército, para determinar el grado de responsabilidad en este caso.

La abogada de la CIDH dijo que hasta el momento “no hay consignaciones por desaparición forzada; no hay detenciones de actores estatales por acción u omisión y los delitos que se han consignado son por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, secuestro, pero no por desaparición de personas y eso indica que pretenden evadir una responsabilidad las autoridades encargadas de investigar”.

Añadió que la CIDH toma nota de cada evento que ocurre en este caso, “estamos cerca de ustedes, en junio dijimos que tomábamos nota de la creación de la comisión de la verdad y la justicia, estamos atentos a la decisiones que deberá tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conformidad con los estándares aplicables en la materia de independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia, estamos en suspenso y pendientes de ver qué ocurre con esta decisión, un suspenso que demostró que el actuar del Estado puede realizar importantes hazañas si las instancias pueden hacer su trabajo y en este caso le compete a la justicia”.

María Elena Guerrero Vázquez, madre de un estudiante desaparecido, dijo que la CIDH es “un brazo muy fuerte en estos cuatro años de mentiras y que el gobierno se ha ensañado con nosotros, los necesitamos porque gracias a ustedes hemos descubierto verdades de un gobierno mexicano que ha dicho mentiras, a Enrique Peña Nieto le exigimos que escuche este informe, han caminado con nosotros y han dado batalla para encontrar la verdad, no nos abandonen”.

Un dirigente del Comité Estudiantil de Ayotzinapa se quejó de que los 43 estudiantes fueron desaparecidos sólo por salir a las calles a protestar, “para el Estado resulta molesto, somos la piedra en el zapato del Estado; vivimos una etapa donde la corrupción, la violencia y la desaparición forzada se ve normal. Septiembre es un mes trágico para la normal; hay 43 butacas vacías y vamos a seguir luchando por que aparezcan con vida”.

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que “mientras las élites de este gobierno hacen un informe para conmemorar los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, aquí las victimas del México profundo hay otro informe que da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en este gobierno, que marcó a este gobierno que llevará una huella indeleble durante el resto de su mandato. Este caso hizo visibles las desapariciones forzadas, las graves violaciones que se están cometiendo; este informe retrata fielmente las irregularidades con las que se investigan las desapariciones”.

(www.agenciairza.com)

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