Quienes en CAPAMA incurrieronen corrupción, deben ir a la cárcel: RMB

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*La Ley de Seguridad Interior fue redactada a “trompicones”

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, rechazó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

Consideró que el país sí necesita esa ley, pero no en los términos de la iniciativa que este jueves se discutía en el Senado de la República, misma propuesta que, dijo, fue “redactada a trompicones y sobre las rodillas”.

Advirtió que la iniciativa contempla varios artículos “que dan discrecionalidad al Ejecutivo para disponer del ejército en situaciones que no necesariamente tienen que ver con seguridad”.

De acuerdo con Mejía, el presidente del país podría “disponer de las fuerzas armadas cuando haya ataques a las instituciones de gobierno; puede prestarse a represión. Dejan muchos cabos sueltos”.

Consideró que la propuesta debe ser analizada con detenimiento por especialistas en derechos humanos para que se garantice su alineamiento al estado democrático de derecho.

Vence plazo para solventar irregularidades en CAPAMA
Ricardo Mejía también informó que este viernes vencerá el plazo para que las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) solvente sus irregularidades financieras y administrativas.

De acuerdo con el resultado de la auditoría especial que aplicó la Auditoría General del Estado (AGE) a CAPAMA, se observan irregularidades financieras y administrativas por un monto de 194.5 millones de pesos en diferentes rubros.

“Si hay gente que se robó el dinero y que hoy afecta a los acapulqueños por la falta del suministro de agua debe ir a la cárcel”, expuso, y añadió que la responsabilidad penal del caso le corresponderá a la Fiscalía General del Estado.

“No vamos a claudicar en nuestros temas (denuncias) para no sufrir represalias políticas, seguimos en nuestra ruta”, dijo, y matizó que en el caso de CAPAMA no es un acto en contra del alcalde Evodio Velázquez Aguirre, sino en contra de “quienes hayan cometido actos de corrupción”.

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