Chilpancingo, Gro. 13 de Julio del 2017 (IRZA). – Abogados de los padres de los 43 normalistas desparecidos en Iguala pidieron formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue si algunos de los estudiantes fueron entregados a sicarios de la banda “Los Tequileros”.
Este jueves el abogado Vidulfo Rosales Sierra informó sobre la petición, luego de que se documentó a través de testimonios de la autodefensa de San Miguel Totolapan que esa banda de secuestradores puede tener relación con la desaparición de los normalistas.
El lunes 3 de julio los integrantes del Movimiento por la Paz dieron testimonios a reporteros de que, en diciembre del 2016, cuando lograron detener a una veintena de presuntos integrantes de “Los Tequileros” y los interrogaron, entre ellos había algunos a los que les decían los “mata normalistas”, mismos que podrían estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre del 2014.
Esa ocasión dijeron que interrogaron a ese grupo especial al que se referían como los “mata normalistas”, por lo que los interrogaron sobre ese mote y confesaron que tuvieron participación en la desaparición de los estudiantes.
Los detenidos afirmaron que a los normalistas se los entregaron por la madrugada de ese fatídico 27 de septiembre del 2014 en las inmediaciones del municipio de Cocula, y que los llevaron por una zona de la Sierra hasta llegar a la comunidad de La Gavia, donde habrían sido asesinados y sepultados en fosas clandestinas que se encuentran en las inmediaciones del poblado, y donde también esa banda tendría sepultadas a algunas de sus víctimas.
Los integrantes del Movimiento afirman que sí hay una línea directa entre la desaparición de los normalistas a cargo de sicarios del grupo del crimen organizado conocido como “Guerreros Unidos” (GU) y “Los Tequileros”.
Refieren que hace unos diez años llegó a San Miguel Totolapan Vicente Popoca, un supuesto operador de “Guerreros Unidos” que traficaba drogas en Estados Unidos y quien vino a reclutar gente al municipio. “Primero reclutó a su hermano ‘El Perico’ o ‘El Verde’ y luego a Raybel Jacobo de Almonte. Iniciaron en la siembra y trasiego de drogas, hasta que Raybel asesinó a su reclutador (Popoca) y se hizo cargo de su propio negocio”, sostienen.
En las investigaciones de la PGR sobre esa desaparición forzada de los normalistas se señala de manera directa a “Guerreros Unidos” de ser los responsables de ese hecho, pero se insiste que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula.
El 17 de octubre del 2014 en la colonia San José de la Ciudad de Iguala, se colocó una manta que responsabilizaba a Mario Casarrubias Salgado (fundador de “Guerreros Unidos”) y a la pandilla de “Los Peques” como responsables de la masacre y desaparición de normalistas.
En esa manta se señalaba también a una docena de nombres de jefes de sicarios y operadores de GU en Iguala, de los cuales la mayoría están detenidos, a excepción de Vicente Popoca, a quien también se menciona en el escrito y quien habría sido asesinado por “El Tequilero”.
Sobre este tema, Rosales Sierra indicó que se enteraron de esa versión cuando estaban en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú, el pasado 6 de julio, y donde pidieron que se indagara en torno a estas afirmaciones del grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan.
El abogado dijo que es “información nueva y habíamos recibido llamadas o denuncias de que a los normalistas se los habían llevado a Tepecuacuilco, Taxco y Tlacotepec, pero nunca nos mencionaron La Gavia en San Miguel Totolapan, tan es así que no forma parte de las indagatorias de la PGR”.
Para el abogado de los padres, esos nuevos testimonios tienen que ser motivo de investigación. “Es una parte nueva que nos inquieta y nos preocupa, que consideramos debe ser motivo de investigaciones exhaustivas”.
Explicó que inclusive en las audiencias de la CIDH del pasado 6 de julio, el comisionado de ese organismo internacional, Pablo Banuqui, hizo mención de estos testimonios y consideró que la PGR debe de abrir una nueva línea de investigación.
Agregó que en la reunión a puerta cerrada con la CIDH y donde participó una delegación de la PGR que envió el gobierno de nuestro país, se le hizo a ésta la petición formal y esperan que se le dé trámite a la solicitud.
Vidulfo Rosales consideró que “cada vez hay más datos que contrastan y echan por tierra la versión histórica de la PGR de que los normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula. Hay un escenario que da cuenta de una red de corrupción más compleja; es un espectro grandísimo que habla de un control que rebasa a las autoridades municipales”, finalizó.
