Chilpancingo, Gro. 04 de Julio del 2017 (IRZA). – El Congreso local demandó a los gobiernos federal y estatal atender y resolver “a la brevedad posible” la suspensión de actividades de empleados de la “Ciudad de las Mujeres” de Tlapa, que inició porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), anunció el despido del 50 por ciento de la plantilla laboral.
A través de un punto de acuerdo aprobado en la sesión legislativa de este martes, el Poder Legislativo se pronunció porque se garanticen los servicios de atención que brinda ese centro a las mujeres víctimas de la violencia en esa zona de la Montaña.
En el acuerdo propuesto por la diputada Yuridia Melchor Sánchez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, se pide al presidente Enrique Peña Nieto que decrete la creación oficial de ese centro.
Se plantea que el decreto especifique a qué Secretaría le corresponderá su administración, coordinación y vigilancia, así como la asignación presupuestal para su operatividad, para otorgar certeza jurídica al personal y beneficiarios.
En el acuerdo también piden al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, que atiendan y resuelvan el paro laboral para seguir brindando el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia.
La diputada Melchor recordó que el Centro “Ciudad Mujer” fue inaugurado en el año 2015, y que está sustentado a través de un convenio firmado el 26 de noviembre del 2013 entre representantes de los tres niveles de gobierno.
“Inició como un modelo en procuración de justicia a las mujeres, con una inversión de 121 millones de pesos en beneficio de 189 mil mujeres de los 19 municipios de la región Montaña, que en su mayoría está constituida por población indígena”, recordó.
Y criticó que por situaciones administrativas no se ha podido concretar su debida implementación debido a deficiencias de infraestructura y falta de recursos humanos, debido a la falta de solvencia presupuestal.
Señaló que, en la última semana de junio, un promedio de 30 servidores públicos denunciaron que a principios de este 2017 les redujeron su salario en un 10 por ciento, y que hasta ahora les deben cuatro meses.
Pero además les informaron que la mitad de la plantilla laboral será despedida sin posibilidad de liquidación, y que quienes permanezcan su salario volverá a ser reducido a la mitad, lo que ha generado que el Centro deje de operar.
Melchor explicó que no hay “certeza” sobre qué lineamientos, programas o partida presupuestal debe operar la “Ciudad de las Mujeres”, porque inicialmente dependía de la Secretaría de Desarrollo Social federal, pero después fue transferida a la Sedatu, por lo que independientemente de su origen, el conflicto laboral debe resolverse cuanto antes.
