Chilpancingo, Gro. 23 de Febrero del 2017 (IRZA). – Representantes de 26 poblados de cuatro municipios aledaños al río Santa Catarina, en los límites de la Costa Chica de Guerrero con Oaxaca, denunciaron que hay una “sobre explotación” de grava y arena en el lecho de esa afluente, lo que puede provocar su extinción y afectar severamente la vida de las familias y la fauna.
Este jueves los integrantes del Frente de Comunidades Indígenas en Defensa de los Recursos Naturales del Río Santa Catarina ofrecieron una conferencia para exigir que las autoridades federales cancelen los permisos de explotación del lecho de ese río.
Misael Damián, dirigente de ese frente, informó que en total son 26 comunidades organizadas de los municipios de Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa, que se encuentran a lo largo de la afluente.
Dio a conocer que ese río ha sido explotado desde hace más de veinte años y que “hay un saqueo desmedido e irracional de material pétreo, por eso nos tuvimos que organizar y en mayo del 2009 se firmó una minuta de acuerdos con autoridades federales para no otorgar ninguna autorización para su explotación sin acuerdo previo de nuestras comunidades”.
Misael Damián indicó que en el 2011 llegaron los empresarios Paul Nolasco, de Oaxaca, y el extinto diputado local del PT, Rey Hernández, con permisos nuevos. “Ya había una minuta de acuerdos y de nueva cuenta se reactivó el movimiento, y se lograron cerrar esas explotaciones del río”, precisó.
Señaló que dos años después llegaron con otros permisos de explotación Jorge Sandoval Melo, ex secretario del Ayuntamiento de Ometepec y Alberto Román Guillén, hijo del ex director de la entonces Policía Judicial del Estado, Marcos Román Bahena.
“Venimos a exigirle al gobierno federal y estatal que no se va a permitir esto, el río no se puede negociar y menos decidir desde detrás de un escritorio, porque la afluente se está secando y ya no hay peces”.
Lamentó que a pesar de haber acuerdos de los pueblos para que no extraiga grava y arena, lo siguen haciendo. “La situación está tensa, las comunidades se han organizado y hay amenazas contra estas comunidades, porque hemos visto cómo el río Quetzala ya lo secaron, era un río de la comunidad de San Juan, municipio de Igualapa, y lo secaron por la sobre explotación”, agregó.
Los inconformes emplazaron a las autoridades del medio ambiente a dar por clausurados los trabajos de explotación de ese río, o de lo contrario, realizarán acciones de protesta más radicales.
