Compra de votos y coacción, los delitos más denunciados durante el proceso electoral

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*Pero disminuyó el número de ilícitos denunciados

Chilpancingo, Gro. 22 de Julio del 2018. – La compra de votos y la coacción por entrega de dádivas se convirtieron en los delitos más denunciados durante el proceso electoral y jornada electiva del 1 de julio de este año.

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en Guerrero recibió 227 denuncias, de las cuales solo en 218 tiene competencia legal por el tipo de delito y de elección.

Roberto Rodríguez Saldaña, titular de la fiscalía especial, informó que con base a un proceso de depuración turnaron tres denuncias a la FEPADE de la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto que a la Fiscalía General del Estado (FGE) turnaron cinco denuncias más porque estaban relacionadas con delitos del fuero común e incluso en las que no se configuraba ningún delito electoral.

“Terminamos con 218 denuncias en este proceso, en las que sí tenemos competencia”, las cuales, indicó, ya están en etapa de investigación, aunque precisó que no hay plazo para resolución. También explicó que la mayoría de estas denuncias se recibieron por teléfono y redes sociales.

“Si hacemos comparación con el proceso del 2015, con 276 denuncias, hay diferencia notable con más de 50 denuncias menos”, celebró Rodríguez Saldaña.

El también catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), consideró que esa reducción se debe al trabajo preventivo que encabezó desde el 15 de enero del 2018, cuando fue designado por el Congreso al frente de la FEPADE.

Comentó que ese trabajo tuvo dos rutas: la prevención a través de cursos de capacitación, brigadas informativas, instalación de módulos itinerantes, obras de teatro sobre el tema electoral y ferias didácticas, así como el fomento de la cultura de la denuncia.

De acuerdo con Rodríguez Saldaña, la FEPADE seguirá trabajando en la prevención porque además de que su trabajo es continúo, los delitos electorales no solo ocurren durante los procesos electivos.

Ejemplificó: “Si un servidor público le presta una camioneta oficial a algún partido político, es un delito. Que preste instalaciones o una oficina oficial a un partido para que haga reuniones o actividad política partidista, eso se puede cometer en cualquier época del año”.

(www.agenciairza.com)