Chilpancingo, Gro. 07 de Mayo del 2018. – El Congreso de Guerrero volvió a negarle al priista Marco Antonio Leyva Mena la reincorporación a la Alcaldía de Chilpancingo, al considerar que su regreso constituye un factor de riesgo para la estabilidad política y social del municipio, incluso la elección del 1 de julio.
Se advierte que el edil enfrenta el rechazo colectivo de la población, demandas penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades financieras y administrativas, e incluso un juicio de revocación de mandato.
Con 36 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación que declara improcedente la petición del edil, al ratificar el decreto 486 del 17 de octubre del 2017, por el cual se le aprobó licencia “por el resto del (su) periodo”.
Así respondió el Congreso a la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del 26 de abril, en la que dejó sin efecto el decreto 694 por el cual le negó por primera vez la reincorporación al cargo y le ordenó emitir un nuevo dictamen “fundado y motivado”, mismo que fue aprobado en la primera sesión legislativa de este lunes.
Por más de tres horas, las diputadas secretarias de la Mesa Directiva leyeron el dictamen -con notables errores de pronunciación-, en el cual se anexa un historial periodístico que documenta presuntas omisiones e irregularidades financieras y administrativas del ejercicio edilicio de Leyva Mena, el cual inició el 30 de septiembre del 2015.
En ese recuento periodístico se resalta la crisis ambiental y de salud pública que generó en 2017 el deficiente servicio de recolección y destino final de basura, así como la aparente omisión del edil para garantizar su solución.
Dicha situación derivó en una demanda de revocación de mandato que promovieron en su contra diputados locales del PRD, y que, para evitar su inminente aprobación, motivó al alcalde a solicitar licencia el 16 de octubre del 2017 para separarse del cargo “por el resto del (su) periodo”.
En ese contexto, la diputada Silvia Romero Suárez, presidenta de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, dijo en tribuna que el Poder Legislativo respetó los términos en que el edil solicitó licencia.
Dijo que los artículos 35 de la Constitución de Guerrero; el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y demás aplicables y concordantes, establece que el derecho político electoral a ser votado incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo, pero también que a nadie se le puede obligar a desempeñar un cargo en contra de su voluntad.
“Justamente esto fue lo único que consideró este Congreso, y por tanto concedió la licencia en los términos solicitada”, indicó, pues en caso contrario se habría constituido una violación a los derechos políticos de Leyva Mena.
Para fundamentar la negativa de reincorporación al cargo, por segunda ocasión, la comisión dictaminadora recurrió al artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el cual se establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.
Escenario de desgobierno por regreso de Marco Antonio Leyva
En el dictamen se señala que la “restricción o limitación” para que Leyva Mena ejerza el cargo por escasos 4 meses resulta “una limitación menor frente al escenario de desgobierno del municipio y alta conflictividad”.
Además de que en el contexto del proceso electoral del 1 de julio, su regreso “podría desestabilizar la gobernabilidad de la capital del estado ante la ola de demandas y malestares que se han hecho evidentes y que están suficientemente acreditados”.
También se manifiesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que no existen derechos humanos absolutos y que éstos pueden “restringirse o suspenderse válidamente” cuando se antepone el interés general o público para garantizar la igualdad y seguridad jurídica, que se traduce en derecho de terceros, por ser también derechos humanos.
Esto es: “la dignidad de las personas, el desarrollo sustentable, la seguridad y la paz social, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros, el derecho a la salud integral y el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
Antes de la votación del dictamen, la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, reprobó el procedimiento y advirtió que el Poder Legislativo “va rumbo al desacato”, además de que la violación sistemática a la Constitución es el “signo más característico” de la actual legislatura.
Dijo que las decisiones políticas vulneran el Estado de Derecho porque el alcalde MAL debió ser juzgado mediante juicio político, pero que el Congreso “solapó su conducta ilegal” y que “bajo un manto de impunidad se negoció su salida mediante una licencia oscura”.
El dictamen fue respaldado por 36 diputados del PRI, PVEM, PRD y PAN; la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, de Morena, votó en contra, mientras que Fredy García Guevara, del PT, se abstuvo.
El dictamen será notificado a la Sala Regional del TEPJF; al alcalde con licencia Marco Antonio Leyva Mena; al Ayuntamiento de Chilpancingo; a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
(www.agenciairza.com)
