Pueblos del Alto Balsas presentan queja contra dependencias ambientales, por no atender contaminación del río

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    Por: José Molina de la Cruz

    Chilpancingo, Gro. 03 de Abril del 2018. – Comisarios de por lo menos 15 pueblos de la Zona del Alto Balsas interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), en contra de dependencias estatales y federales medioambientales, por su omisión en el caso de la contaminación del Río Balsas.

    El pasado 13 de marzo, empezaron a notar un cambio en la coloración del río a verde, lo que preocupó a los pueblos y solicitaron de inmediato a la Secretaría de Salud del Estado, realizar análisis al agua y descartar la contaminación con alguna sustancia tóxica o de lo contrario tomar medidas al respecto.

    Hace una semana, acudió personal de la SSa, sin embargo, a más de ocho días no ha dado a conocer los resultados ni informado el avance.

    Ante tal omisión, los comisarios acudieron a la Coddehum, para interponer una queja en contra de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Guerrero (PROPEG), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado (CAPASEG) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por su omisión en el caso.

    A pesar de que en los últimos días el agua ha empezado a limpiarse, los pobladores siguen molestos, pues durante más de 20 días, ninguna autoridad estatal o federal tomó cartas en el asunto y dejan a los habitantes expuestos a una nueva tragedia.

    Recordaron que, en el año de 1990, la contaminación del Río por los Ingenios Azucareros de Zacatepec, Estado de Morelos e industrias de Puebla, virtieron desechos al cauce, lo que derivó en un brote de cólera, que dejó más de 100 personas muertas a lo largo del río.

    Este tipo de situaciones dijo el comisario, de repiten año con año, las industrias, los mismos pueblos están vertiendo drenajes con la autorización de los gobiernos municipales y al amparo de las Procuradurías del Medio Ambiente.

    Creen que se debe a una especie de acuerdo entre el gobierno y empresas contaminantes, que prefieren que las investigaciones sobre el daño al medio ambiente queden en el olvido, pues dañaría los intereses de muchas autoridades y políticos.