Presentan paquete de reformas contra los feminicidios y para la protección de niñas y mujeres

    La diputada Nora Yanek Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reformas y adiciones a un amplio paquete de leyes locales para reforzar y clarificar conceptos y obligaciones conferidas a las autoridades estatales.

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    Chilpancingo Gro; a 09 de agosto de 2023.- A nombre de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Nora Yanek Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reformas y adiciones a un amplio paquete de leyes locales para reforzar y clarificar conceptos y obligaciones conferidas a las autoridades estatales en el tema de la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a mujeres y niñas víctimas de feminicidio, así como sus familiares, garantizándoles el acceso a la justicia plena.

    Estas modificaciones son al Código Penal, a la Ley de Víctimas, el Código Civil, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Salud y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del Estado de Guerrero.

    Al exponer los motivos de la iniciativa, la legisladora explicó que con este paquete de reformas se da continuidad a la Iniciativa Spotlight de ONU Mujeres para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo, y en que participan entidades federativas como Guerrero, a fin de promover esfuerzos orientados a garantizar el pleno acceso a sus derechos humanos, conforme a los principios contenidos en los instrumentos internacionales.

    Especificó que lo que se pretende es plasmar en los ordenamientos locales que se comete el delito de feminicidio cuando existe concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o relación de amistad, laboral o docente entre el activo y la víctima, y se aumenta la pena cuando se trate de feminicidio en contra de una mujer indígena o rural, adulta mayor o con algún tipo de discapacidad.

    Además, se establecen los principios y obligaciones de cumplimiento, como son necesidad y proporcionalidad, transversalidad, perspectiva de género, interseccionalidad e interés superior de la infancia, y se considerará si las personas involucradas pertenecen a un grupo en condiciones de vulnerabilidad.

    De la misma forma, se adiciona que es responsabilidad del Estado realizar, a través de los medios de comunicación, campañas de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, así como informar sobre las leyes, medidas y programas que les protegen y asisten.

    También se faculta a la Secretaría de Salud para generar campañas de prevención y denuncia en casos de violencia de cualquier tipo contra niñas, niños y adolescentes y en materia de educación sexual integral, y se establece la responsabilidad de los servidores públicos de abstenerse de realizar acciones o incurrir en omisiones que revictimicen a familiares de víctimas de feminicidio, víctimas de violencia sexual, de género o familiar.

    En este contexto, Velázquez Martínez refirió que se hace necesario sumar esfuerzos institucionales con el objetivo de adecuar el marco normativo estatal a los estándares internacionales, así como impulsar propuestas pendientes en materia de feminicidio y feminicidio infantil.

    La propuesta fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su correspondiente análisis y dictaminación.

    Iniciativas

    El diputado José Efrén López Cortés (Morena) remitió una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para actualizar y homologar el texto con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la edad mínima de 18 años cumplidos al día de la elección para poder ser diputada o diputado local o integrante de algún ayuntamiento. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

    Por su parte, la diputada Nora Velázquez Martínez (Morena) presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución Política local para establecer la obligación del Estado de brindar el servicio de agua potable como un derecho humano, dando preferencia en el servicio a los hogares sobre los negocios u otros usos. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.