Por: José Molina de la Cruz
Chilpancingo, Gro. 31 de Julio del 2017. – Unos 200 indígenas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), marcharon en Chilpancingo, para denunciar la falta de apoyo gubernamental y exigir el cese a la criminalización por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cerca del mediodía, iniciaron su marcha del Parque “Margarita Maza de Juárez”, hacia el Palacio de Gobierno del Estado, y exigir una audiencia con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, así como una mesa de trabajo con las principales secretarías, a fin de exponer sus demandas.
En el trayecto, por las principales avenidas del centro de la ciudad, denunciaron que históricamente los pueblos indígenas han sido discriminados, olvidados y perseguidos, como si se tratara de una política de exterminio, por los tres niveles de gobierno.
“Bajamos de nuestras comunidades pasando hambre, frío, calor y lluvia, traemos nuestras viejas demandas; maestros, doctores, medicinas, construcción de carreteras, construcción de escuelas, centros de salud, comisarías, obras de infraestructura, carreteras, pavimentación de calles, puentes y centros de cómputo”, dijeron mediante un altavoz.
También denunciaron que persisten las injusticias y la violencia en las zonas indígenas, acentuando la pobreza, por el hostigamiento del crimen organizado, el cual opera a la vista de las autoridades estatales y federales, y a pesar de los gritos de auxilio, nadie los escucha.
“Nos exponemos con el solo hecho de ir de compras a Chilapa, con temor y miedo de que no volvamos a ver a nuestras familias, porque en esa región se sabe que los delincuentes, junto con los políticos son la misma cosa, ellos hacen negocios, dañan jóvenes y adultos, siguen asesinando y tirando cuerpos”, expuso uno de los dirigentes.
Señaló, que, en los últimos años en los pueblos de esta región, no se realizado ninguna obra, y los apoyos anunciados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), estatal y federal, simplemente no llegan.
Por si fuera poco, sumado a la violencia, el abandono y la miseria, llegan hasta los pueblos empresas extranjeras despojarlos de sus tierras, para abrir minas, destruyendo todo a su paso, arroyos, bosques y parcelas.
Por otra parte, exigieron a la FGE, la cancelación de alrededor de 70 órdenes de aprehensión, en contra de pobladores de la comunidad de San Jerónimo Palantla, por un conflicto que ha dejado al menos 14 muertos en los últimos años.
La marcha arribó al Palacio de Gobierno alrededor de las 14:00 horas, donde bloquearon el encauzamiento Huacapa en ambos sentidos, para exigir una fecha de audiencia con el gobernador.
