Chilpancingo, Gro. 16 de Julio del 2017 (IRZA). – En distintas zonas de Guerrero hay personas desplazadas por la violencia que viven en condiciones infrahumanas, sin que las autoridades les brinden ayuda, denunció el secretario de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández.
Señaló que existe la Ley 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en Guerrero, pero que dicha norma es “letra muerta” porque en los hechos sigue sin funcionar, ya que “existe nulo apoyo a las familias que están en grave riesgo y vulnerabilidad”.
El activista afirmó que la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de los Asuntos de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno siempre ha carecido de presupuesto para dar atención a los desplazados.
Lamentó además que desde hace semanas esta Dirección se encuentra acéfala, pues su titular Rigoberta Román se fue a presidir el Mecanismo de Protección a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que recientemente creó el gobierno de Héctor Astudillo.
Señaló que, en el caso de la Red, atiende a 88 familias que abandonaron sus comunidades en diferentes fechas desde el 2012 y hasta este 2017.
“En total son 350 personas, entre niños, mujeres y adultos que se salieron de sus pueblos y ahora viven refugiados en franjas donde no hay servicios públicos como el agua, luz eléctrica y drenaje”, informó.
Esta gente desplazada debido a las amenazas de la delincuencia organizada es originaria de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala y Chilapa.
En el caso de los de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán, se salieron del pueblo en el 2012 y actualmente viven en Ayutla de los Libres. “Viven aquí en muy malas condiciones, prácticamente en barrancas”, reprochó Olivares.
Recientemente varias familias de comunidades de Chilapa se desplazaron ante las amenazas que les hicieron presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos”.
Sobre este caso, el alcalde priísta de Chilapa, Jesús Parra, declaró que los expulsados de Tepozcuatla, Ahuehueyicu, Tetitlán de la Lima y Lodo Grande ya regresaron a sus pueblos.
“El alcalde no sabe lo que dice porque él nunca ha estado atento a este problema que siempre han enfrentado estas familias”, mencionó Olivares Hernández.
El activista dijo que desde que el inicio de este gobierno la política ha sido no apoyar a las familias que sufren el problema de desplazamiento forzado.
“Lo que pasa es que este gobierno tiene una política de indivisibilidad en cuestión de derechos humanos”, acusó.
Otras familias que también se desplazaron de sus comunidades son de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Apaxtla de Castrejón y Teloloapan, en las regiones de Tierra Caliente y Norte del estado.
