*Sin embargo, legisladores locales respaldan permanencia del Ejército en las calles
Chilpancingo, Gro. 09 de Diciembre del 2016 (IRZA). – Diputados locales respaldaron la permanencia del Ejército en las calles ante el flagelo de los grupos del crimen organizado, pero coincidieron también en que el “reproche” del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, debe servir a los tres niveles de gobierno para iniciar con determinación la certificación de sus cuerpos policiacos.
El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (PRI), presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso, rechazó la posibilidad que el Ejército regrese a sus cuarteles ante el contexto de violencia que enfrentan estados como Guerrero.
Pero el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, advirtió que se caería en “un estado de indefensión” sin el Ejército en las calles y con policías “infiltradas” por los grupos delictivos.
Mientras que el diputado Héctor Vicario Castrejón (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que la participación de las fuerzas armadas es determinante en el combate frontal al crimen organizado.
Entrevistados por separado, los diputados coincidieron en que debe analizara fondo la propuesta de reforma constitución que presentó la fracción del PRI en el Congreso de la Unión para modificar la Ley de Seguridad Interior, la cual otorga “libertades de operación” al Ejército.
Todo esto, después de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó el jueves que el Ejército debe regresar a sus cuarteles porque no es su función la seguridad interna del país, sino de las autoridades civiles.
El Ejército no debe acuartelarse
Salgado Romero advirtió que no es “conveniente” que el Ejército regrese a sus cuarteles porque “no hay policías preparadas” en todo el país que suplan las funciones que realizan las fuerzas armadas ante las actividades de los grupos delictivos.
“El Ejército debe seguir; es fundamental para la vida cotidiana de este estado”, añadió.
Sin embargo, aseguró que tampoco debe permitirse que incurran en excesos y que eso debe preverse en la propuesta de reforma que propuso su partido ante el Congreso de la Unión.
Admitió que no conoce la propuesta que presentó el diputado y ex presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, pero indicó que, si satisface los requerimientos jurídicos del Ejército, es obvio que debe respaldarse.
Salgado Romero consideró que la advertencia del general Cienfuegos busca precisamente “crear un marco jurídico y garantías legales para desempeñar sus funciones”, pero insistió en que el Congreso debe regular sus atribuciones para que no caigan en excesos y abusos.
Es un reproche a lo que se ha dejado de hacer
Ricardo Mejía señaló que el mensaje del general “es un reproche a lo que se ha dejado de hacer” y coincidió en el sentido de que “no se ha puesto orden” en las policías estatales y municipales de todo el país al no ser depuradas por completo.
Respaldó también que en México y, particularmente en Guerrero, “vivimos en un estado de excepción” que ha propiciado que el Ejército realice funciones que no le corresponde, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Federal.
Advirtió que se podría caer en un “estado de indefensión” si el Ejército regresa a sus cuarteles y las policías siguen “contaminadas” por la delincuencia organizada.
“Estaríamos en el peor de los mundos”, consideró.
Dijo que “el reproche” del secretario de la Defensa Nacional es la mejor oportunidad para los gobiernos asuman el compromiso de certificar a sus policías, pues insistió que en el caso de Guerrero al menos 2 mil 300 elementos están reprobados y aún así siguen prestando sus servicios porque no hay recursos para liquidarlos.
Mejía Berdeja expuso que mientras la participación del Ejército debe estar regulada, las policías deben estar limpias, certificadas y con la entrega de incentivos y reconocimientos a los buenos elementos, “pero no hay voluntad política para poner orden porque se partidizan las cosas”.
Mejía Berdeja matizó que la Policía Estatal de Guerrero “es la mejor”, pero no la más óptima.
También consideró que debe atenderse con oportunidad la “narcopolítica” que tanto daño le está haciendo al estado.
Consideró también que el comentario de Cienfuegos Zepeda es una estrategia y una advertencia al Estado mexicano para que se agilice la discusión de la reforma constitución a la Ley de Seguridad Interior, con la cual buscan más libertades de actuación.
Expuso que el Ejército debe seguir los protocolos en el uso de la fuerza pública, mientras que los organismos de derechos humanos deben vigilar y garantizar que no haya excesos. “No descalificaría al Ejército, aunque haya malos elementos que han cometido cosas graves, pero tampoco desacreditaría a los organismos de derechos humanos que son una necesidad para el estado y para el país”, dijo.
Se le debe dar certeza jurídica a las acciones del Ejército
El priista Héctor Vicario resaltó la “participación decidida del Ejército” frente al crimen organizado, pero consideró apremiante darles certeza jurídica a sus actividades porque sin reforma de por medio fue sacado de sus cuarteles para desempeñar funciones de seguridad interior.
Coincidió con el secretario de la Defensa Nacional al expresar el sentir de los militares, pero también confió en su “actitud patriótica y compromiso con México”, además de que seguirá su relación de trabajo con los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad.
Indicó que el Congreso de la Unión debe revisar la propuesta de reforma constitución que propuso el PRI para “generar las condiciones jurídicas” que el Ejército requiere para intervenir en la seguridad interna del país, aunque se reservó comentarios sobre las presuntas “libertades” que busca la Secretaría de Defensa Nacional, con autonomía, para actuar a criterio propio y sin restricciones, como plantea la propuesta del priista César Camacho.
En este caso opinó que será fundamental la intervención de las organizaciones civiles para alcanzar los consensos necesarios por la seguridad del país y de los guerrerenses, sin que el Ejército incurra en acciones desmedidas y de violaciones a los derechos humanos.
