Presenta diputada Yanelly Hernández iniciativa de reforma que establece facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de vivienda

    La legisladora considera que el ayuntamiento como órgano colegiado, “tiene la obligación de atender y de vigilar que se cumpla.

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    Chilpancingo Gro; a 15 de junio de 2022.- La diputada Yanelly Hernández Martínez presentó ante el Pleno una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para establecer facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Vivienda.

    En su exposición de motivos, Hernández Martínez refiere que el derecho a la vivienda es considerado como un derecho humano, por lo que “todas las instancias gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno se encuentran obligadas a generar las políticas públicas que garanticen la protección de este derecho fundamental”.

    La legisladora considera que el ayuntamiento como órgano colegiado, “tiene la obligación de atender y de vigilar que se cumpla, por eso resulta importante se le doten de facultades a través de las Comisiones en que se distribuye la administración municipal, dotándolo así de facultades de intervención y de decisión, para intervenir desde un marco regulatorio propio, acorde a los lienamientos que marca la Ley de Vivienda, así como la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero Número 573”.

    Expone además que en el último censo de población 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó que Guerrero cuenta con un total de 1,315, 797 viviendas particulares, de las cuales 942,043 se encuentran habitadas, correspondiente a un 71.59%, 233,094 deshabitadas, correspondiente a un 17.71% y 140,660 están en uso temporal, lo que representa un 10.700/0.

    Asimismo, que Guerrero es la entidad número 31 a nivel nacional en crecimiento de vivienda, con tan sólo una tasa de crecimiento promedio anual del 1.6%; indicador que revela la poca accesibilidad que tienen los guerrerenses para adquirir una casa propia.

    “En relación con la calidad de las viviendas, de acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, el estado de Guerrero aún presenta un gran rezago; ocupamos el primer lugar a nivel nacional con un 14% del total de viviendas con pisos de tierra”, prosigue.

    Además, señala que el 11% del total de viviendas en la Entidad no cuentan con agua entubada, ni dentro ni en su patio o terreno y el 11.8% no cuentan con drenaje y lo más grave aún es que el 4% del total de viviendas de Guerrero sigue haciendo sus descargas en barrancas, cuerpos de agua u otro lugar no apropiado, lo que equivale a un total de 52,631.88 viviendas.

    Por lo que considera, es necesario que los ayuntamientos coadyuven en generar acciones gubernamentales de coordinación y de implementación, a efecto que nadie puede verse disminuido en el derecho a la vivienda.

    De aprobarse, serían facultades y obligaciones del Ayuntamiento en materia de Vivienda,

    generar una política pública en materia de Vivienda, en la que se contemple:

    1. d) Los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia;
    2. e) Combate a la invasión de predios
    3. f) Regulación al crecimiento irregular de la población.
    4. Coordinarse con las autoridades federales y estatales para el mejoramiento y el establecimiento de la producción social de vivienda;

    III. Generar instrumentos y apoyos a la vivienda considerando distintos tipos y modalidades de producción habitacional; IV. Generar un estudio de las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva, orientado a la generación política y acciones de gobierno.

    1. Generar los acuerdos necesarios para que los habitantes del municipio puedan contar con una vivienda digna.
    2. Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que impone al municipio la Ley de Vivienda Social del Estado.

    VII.      Inducir acciones de concertación con los sectores social y privado en materia de vivienda;

    VIII.     Coordinarse con otros municipios, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente.