* El Acuerdo Parlamentario no fue aprobado como asunto de urgente y obvia resolución y fue enviado a la Junta de Coordinación Política, por el voto adverso de Morena.
Chilpancingo Gro; a 02 de marzo de 2022.- Este martes los GPPRD, GPPRI, y las representaciones del PVEM y PAN presentaron un Acuerdo Parlamentario que mandata a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que convoque al Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría General de Gobierno), para que de manera conjunta establezcan la Mesa Técnica Interinstitucional que será la responsable de la realización de las etapas de la Consulta a los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Esto, en respaldo de los pueblos originarios a ser consultados en reformas sobre sus derechos, y para dar cumplimiento a la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece un plazo perentorio para desahogar este procedimiento de consulta.
El exhorto leído por la diputada perredista Patricia Doroteo Calderón, al obtener 23 votos a favor y 20 en contra en votación nominal a propuesta de la diputada Alicia Zamora Villalba, no fue aprobado como asunto de urgente y obvia resolución y fue enviado a la Junta de Coordinación Política, por el voto adverso del Grupo Parlamentario de Morena.
Asimismo, en el acuerdo se instruye a la JUCOPO que designe la Mesa Técnica, con personal capacitado, para la realización de las acciones que den cumplimiento al “Protocolo para Desarrollar de Manera Libre, Previa, Informada y de Buena fe, el Proceso de Consulta para poder Crear, Reformar, Adicionar o Derogar las Leyes que Impacten en la Esfera de Derechos a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
Para que contemplen las acciones como lo es la solicitud de información y comunicación con las Comunidades y Pueblos Indígenas, y Afromexicanos.
Refieren en los firmantes del acuerdo, que el pasado 14 de abril de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Sentencia dictada por la SCJN, donde establece “los efectos de invalidez total de los decretos, que contienen la Ley del Sistema de Seguridad Pública y las reformas a la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, se surtan a más tardar a los doce meses contados a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación.
Advierten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata que la referida consulta se debe realizar en las primeras etapas del debate legislativo a fin de que las propuestas puedan ser incorporadas en un diálogo democrático entre iguales que permita atender a los derechos y a las especificidades culturales, organizativas y formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Por lo que llaman a que, en la ejecución de las etapas de la consulta, se considere de manera permanente, desde el inicio de los trabajos, a las comunidades y pueblos indígenas, y afromexicanos y se establezcan las comunicaciones con sus autoridades.
Así como se solicite al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, la información que permita identificar a cada comunidad y pueblo indígena, así como a los pueblos afromexicanos que se encuentren en territorio guerrerense.
