Plantean sancionar a patrones que obliguen a los trabajadores a firmar documentos en blanco

que Este abuso que se comete comúnmente contra el ciudadano es en los centros de trabajo, cuando los patrones los obligan a firmar hojas en blanco como forma de asegurar que renuncie a su derecho de pedir en tribunales indemnización.

Chilpancingo Gro; a 22 de noviembre del 2020.- El diputado Ossiel Pacheco Salas presentó una iniciativa de adición al Código Penal del Estado de Guerrero con el objeto de establecer sanciones para patrones o cualquier persona que se aproveche de la necesidad de los trabajadores, obligándolos a firmar hojas, documentos públicos o privados en blanco.

Al presentar dicha propuesta, el legislador de Morena expuso que este abuso que se comete comúnmente contra el ciudadano es en los centros de trabajo, cuando los patrones los obligan a firmar hojas en blanco como forma de asegurar que renuncie a su derecho de pedir en tribunales indemnización, en caso de que se termine la relación laboral o se dé un despido injustificado.

Dijo que esa puede ser una de las prácticas más usuales que se realizan hoy en día en contra de los trabajadores, sin que exista alguna sanción para aquellos que se aprovechan de la necesidad de empleo.

Añadió que otra situación es la práctica de firmas de pagarés y otros títulos de crédito, que también se les pide cuando solicitan algún préstamo. Estos documentos son rellenados cuando el trabajador o deudor no cumplen lo pactado, pero son estafados de manera dolosa, porque los documentos firmados en blanco son utilizados o cubiertos con datos muy por arriba de cantidades originales, imposibles de solventar por los firmantes.

Por todo lo anterior, Pacheco Salas consideró que esos métodos usados para violar los derechos de los trabajadores y abusar de los ciudadanos debe terminarse, aplicando penas desde económicas hasta la prisión, por aprovecharse de la condición de necesidad de las personas.

La propuesta plantea adicionar una fracción III al artículo 348 del Código Penal del Estado de Guerrero, y fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.