Plantean iniciativa para que ayuntamientos instalen depósitos de desechos electrónicos

En México se producen 102 mil 895 toneladas de basura, de las cuales sólo se recolecta el 84 por ciento, y ocho de cada nueve aparatos electrónicos se convierten en residuos que llegan a rellenos sanitarios, barrancas, tiraderos clandestinos u olvidados en los hogares.

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Chilpancingo Gro; a 30 de octubre del 2020.- La Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del Estado analiza una iniciativa de adición a la Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos, que obliga a los ayuntamientos a contar con contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos, para su correcto manejo y traslado conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos.

Esta propuesta de reforma fue presentada por la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) y plantea adicionar la fracción VIII del artículo 37 de la Ley mencionada, a efecto de que en el estado se cuente con instrumentos jurídicos que permitan regular el manejo de estos residuos que contaminan a los ecosistemas, el agua y la tierra.

La diputada promovente refiere que en México se producen 102 mil 895 toneladas de basura, de las cuales sólo se recolecta el 84 por ciento, y ocho de cada nueve aparatos electrónicos se convierten en residuos que llegan a rellenos sanitarios, barrancas, tiraderos clandestinos u olvidados en los hogares.

Esta situación ha obligado a varios estados a reformar sus leyes en busca de crear centros de acopio para la recaudación de basura tecnológica, procedimiento que Guerrero no ha realizado.

Hernández Martínez señaló que la entidad sólo ha implementado campañas de reciclaje para la basura electrónica y tecnológica, una en el 2019 en Acapulco, en la que se recolectaron 15 toneladas de estos residuos, y en el 2014 en Chilpancingo.

La legisladora refirió que los instrumentos para regular el manejo de los residuos electrónicos en el país se describen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas.