Chilpancingo, Gro. 11 de Noviembre del 2016 (IRZA). – Por mayoría de votos, el Congreso local declaró improcedente la demanda de juicio político que presentaron regidores del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, encabezados por el síndico Benito Sánchez Miranda, contra la acaldesa FelÍcitas Muñiz Gómez, del partido Movimiento Ciudadano (MC).
En el dictamen que la Comisión de Examen Previo presentó al pleno en la sesión de este jueves, se declaró improcedente turnar el caso a la Comisión Instructora, a la cual le correspondería analizar la revocación de mandato.
Cabe mencionar que las diputadas del PRD María del Carmen Cabrera Lagunas y Rosa Coral Mendoza Falcón, integrantes de la Comisión de Examen Previo, no firmaron dicho dictamen, aludiendo que “no ofrece certeza jurídica de la presunción de inocencia o culpabilidad por los actos u omisiones de que se le acusa a la presidenta municipal de Apango”.
Al razonar su voto, Cabrera Lagunas agregó que “el dictamen es inconsistente, sus conclusiones no derivan de un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad política imputados a la presidenta municipal, tal y como lo señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Después de un álgido debate, los diputados del PRI, PVEM, MC y PAN votaron a favor el dictamen que da por concluido el trámite legislativo y automáticamente deja sin efecto la revocación de mandato que exigían regidores y pobladores de Mártir de Cuilapan en contra de la alcaldesa. La fracción del PRD, PT y Morena votaron en contra.
En tribuna, el priísta Vicario Castrejón aseguró que la comisión confirmó la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución del Estado o que infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del estado o de los municipios.
Cabe mencionar que el 28 de junio del 2016 los regidores Edelmira del Moral, Rosario López García y Humberto Palacios Elino, encabezados por el síndico Benito Sánchez Miranda, presentaron la demanda de juicio político contra la alcaldesa.
En el dictamen se dio a conocer que los inconformes denunciaron la existencia de 11 familiares directos de la alcaldesa en la nómina municipal, entre ellos su hija Viki Anahí Nava Muñiz, presidenta del DIF, con un salario quincenal de 10 mil pesos, pese a que ese cargo es honorífico.
Así como hermanos, sobrinos, primos y hasta cuñados con salarios entre 6 y 3 mil 500 pesos quincenales. Al respecto, el priísta Héctor Vicario Castrejón dijo que la alcaldesa no incurrió en ninguna violación porque la nueva Ley de los Servidores Públicos no prohíbe el nepotismo.
Los regidores denunciaron que en la nómina aparecían trabajadores de un comedor comunitario que a la vez prestaban servicio doméstico en la casa de la alcaldesa. Sin embargo, los diputados del PRI y MC desecharon los argumentos.
“Este Congreso no debe ser instrumento para ajuste de cuentas”, dijo en tribuna el diputado Héctor Vicario al razonar su voto a favor del dictamen, quien descartó además presuntas anomalías financieras de la alcadesa en la ejecución de obras.
“En este Congreso debemos abonar a la estabilidad social de ese municipio, que reclama obras y atención, y nosotros los diputados poner el máximo de voluntades para que esa armonía se vaya dando sin que trastoque el espíritu de lo que la ley dice”, señaló.
