Ramiro Ávila, botón de muestra

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Miguel Ángel Arrieta

Si los órganos electorales federal y estatal pretenden hacer un papel transparente y legal que les otorgue la imparcialidad con la que están obligados a actuar en las elecciones del 2018, pueden comenzar su función garante con el caso del delegado de la Secretaría de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales.

Abrir un expediente sobre el intenso activismo partidista ejercido por el representante de Miguel Ángel Osorio Chong en esta entidad, equivale a enviar un mensaje de que las autoridades electorales van en serio en la recuperación de la credibilidad que deben motivar, y que les ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad mexicana durante los últimos procesos de votaciones.

Y es que el desplazamiento seguido por Ramiro Ávila durante el último trimestre para convertirse nuevamente en presidente municipal de Coyuca de Benítez es tan abierto que no solo requiere la intervención del INE por aquello de las campañas anticipadas, sino también de la Secretaría de la Función Pública en cuanto al tema del uso de recursos públicos para promoverse como candidato priista.

Afortunadamente para Ramiro Ávila, el gobierno federal no ha realizado investigación alguna en su contra sobre la incursión sin recato en asuntos partidistas, y no precisamente por falta de elementos, sino por la simple razón de que el responsable de supervisar y coordinar a los delegados federales en Guerrero es el representante de Gobernación, por lo que resulta absurdo imaginar que se investigaría asimismo y enviaría el reporte a las oficinas de Bucareli.

Su intervención directa en asuntos partidistas más reciente se registró durante el Consejo Político municipal del PRI en Coyuca de Benítez, al presidir esta reunión sin la aprobación de la Secretaria General priista en la entidad, Gabriela Bernal, ahí presente y por encima del delegado de ese mismo partido.

De hecho, durante la semana a punto de concluir Ávila Morales ha presidido cinco reuniones, entre estas dos con el actual presidente municipal de Coyuca, y tres más con integrantes de su grupo de trabajo partidista en las que se determinó la designación de los nuevos dirigentes del PRI en este municipio, y en la cual destaca el nombramiento de su prima como secretaria general del comité directivo municipal, lo que las bases del priismo coyuquense no ven con buenos ojos ya que esa maniobra es parte del tejido confeccionado por el delegado de Gobernación para volver a ser presidente de un municipio en el que durante su gestión como alcalde los índices de violencia se elevaron como nunca en la historia de la demarcación vecina a Acapulco.

La rebeldía de los priistas locales no es gratuita: entre estos grupos prevalece la percepción de que el próximo proceso electoral será sumamente complicado en Coyuca de Benítez ante el recrudecimiento de las críticas de la oposición contra ex alcaldes señalados de enriquecimiento inexplicable.

A Ramiro Ávila los coyuquenses le atribuyen la compra de seis huertas durante el último año y también se ha visto involucrado en señalamientos de ser propietario de la empresa de materiales de construcción que abastece al ayuntamiento, lo cual está casi comprobado después de que él delegado despachara en diversas ocasiones en las oficinas de dicho establecimiento.

En este contexto lo más contradictorio del asunto es que mientras el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ha pugnado por mantener la máxima discreción y perfil bajo en la sucesión presidencial a pesar de aparecer como el priista con mayores preferencias electorales, su representante en Guerrero hace todo lo opuesto.

Si las instancias electorales quieren establecer un precedente para ser ubicadas como entes neutrales y legales, tienen argumentos suficientes para trabajar en este caso, de lo contrario los guerrerenses ya podrán saber que esperar del árbitro electoral en el 2018.

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