Miguel Ángel Arrieta
Antes de someter al criterio político el enfrentamiento registrado en el penal de Acapulco la madrugada del jueves pasado, especialistas en el tema desarmaron a una serie de personajes que intentaban traducir los hechos en un linchamiento partidista, y que al final de cuentas ha llevado a más de uno a concluir que el problema del que nació esa tragedia requiere una participación conjunta de todas las fuerzas y actores políticos.
El diagnóstico inicial manejado en medios de comunicación refleja que el asesinato de 28 reos se derivó por la disputa que mantuvieron internos por el control del penal. Si se profundiza en tal versión el primer elemento contundente que se encuentra, es que se trataba de presos con elevado nivel de peligrosidad dispuestos a todo para lograr su objetivo de implantar un autogobierno dentro del reclusorio, sin obstáculos.
El autogobierno implica el poder para operar venta de drogas, administración de visitas conyugales y una serie de actividades ilegales con la complicidad del personal del reclusorio.
De hecho, el autogobierno existe hasta en ciertos penales de máxima seguridad y fue la base sobre la que planeaba sus fugas el Chapo Guzmán.
Desde hace décadas los denominados autogobiernos se registran en todo el sistema carcelario mexicano, como resultado de la corrupción y el encubrimiento asumido por funcionarios de los centros penitenciarios.
El reclusorio de Acapulco no ha sido ajeno a esta problemática. Durante el gobierno pasado fueron detectadas armas de fuego, armas blancas, aparatos de comunicación, teléfonos celulares, pantallas, sistemas de sonido, bebidas alcohólicas y un sinfín de productos prohibidos dentro del penal de Las Cruces, durante operativos realizados por policías federales.
Aunado a ello el penal acapulqueño mantiene entre su población carcelaria a delincuentes que no son propiamente una perita en dulce y requieren estar internados en reclusorios especiales, pero las limitaciones presupuestales amarran al gobierno estatal al intentar hacer una reubicación de internos o para mejorar los sistemas de vigilancia dentro de las mismas cárceles.
Resulta sorprendente que aun cuando la federación ubica a Guerrero como uno de los estados con mayor inseguridad debido a la guerra de los cárteles, no haya construido un penal de máxima seguridad que ayude a resolver los problemas de sobrepoblación y alto riesgo que registran las cárceles locales.
Desde hace casi una década un conjunto de especialistas en procedimientos penales y terapias de reinserción social, ha concluido que el sistema carcelario mexicano es inoperante e infuncional, lo que no ha tenido eco en las respectivas legislaturas federales a las que ha llegado ese estudio.
Por principio de cuentas, ante la pasividad y lentitud con que los legisladores han dado seguimiento a la actualización del marco jurídico penitenciario, el gobierno federal debe impulsar la creación de nuevas fórmulas que cumplan cabalmente con las penalidades a las que son condenados los criminales, sin privilegios.
La evolución a la que debe someterse el sistema carcelario debe partir de una base presupuestal real. Si el problema más lacerante para México en la actualidad es la inseguridad y se destinan cientos de millones de pesos para mejorar la atención a ese ramo, los penales deben ser incluidos en la asignación de mayores recursos y no dejarlos al margen.
Después de todo, los reclusorios son parte elemental del sistema administrador de justicia, no simples bodegas de desechos humanos.
Y la misma problemática se detecta en todos los estados del país, por lo que predominan circunstancias y elementos suficientes para entender que el enfrentamiento violento en Las Cruces encaja más como parte de un conflicto nacional.
