Guerrero, en semáforo verde

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Miguel Ángel Arrieta

Entre el fragor de los reacomodos políticos rumbo a la sucesión del 2018, la serie de acontecimientos derivados de la crisis de seguridad pública que se observa en diversos puntos del país y los pleitos públicos entre personajes de la partidocracia local, pocos percibieron que durante el mes de julio la Secretaría de Hacienda calificó a Guerrero como uno de las entidades que disponen de semáforo verde para solicitar créditos financieros debido a la solvencia observada en el manejo de su gasto público.

Dentro de la categorización informada por la SHCP, Guerrero quedó contemplado dentro de los estados que disponen de permisibilidad para ajustar su techo de endeudamiento, de acuerdo con el Sistema de Alertas que publicó la dependencia derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De hecho, este mecanismo hacendario de prevención consiste en clasificar en un semáforo el nivel de endeudamiento de los estados y a través de dicho sistema otorga el color verde a las entidades con capacidad sostenible, como el caso de Guerrero; amarillo para aquellas en observación y rojo para los estados sobre endeudados.

De acuerdo a esta clasificación los estados de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas, son las diez entidades que se mantienen en foco amarillo, por lo que su capacidad de endeudamiento se reduce al máximo.

Mientras que Coahuila es el único estado en color rojo.

En este contexto la ubicación de Guerrero como uno de los estados con mejor manejo de sus finanzas debe leerse como resultado de una programación presupuestal austera y meticulosa en plena turbulencia económica nacional.

Contrariamente a los indicadores de la cuenta pública entregada por Ángel Aguirre Rivero y el interinato de Rogelio Ortega, Guerrero se ha venido posicionando durante el último año como una entidad con mejoría gradual en el manejo de los recursos públicos.
En términos reales, el posicionamiento como entidad con aceptables sistemas de gasto y control presupuestal, se deriva de un estilo de gobierno que frenó el caudal de derroches detectados en el pasado periodo de gobierno, y que marcó un alejamiento gradual de la figura paternalista que envolvía tradicionalmente a las administraciones priistas.

Aquellaidentidad en la que se alimentaba financieramente desde la nómina estatal a grupos partidistas y se ejercía un manejo presupuestal discrecional para favorecer a políticos entronados bajo el perfil de asesores.

Mantener a Guerrero en esa ruta representaba acrecentar el tamaño de su deuda pública a costa de cancelar proyectos de infraestructura pública, -hospitales, carreteras, escuelas-, y condenar a la entidad en el corto, mediano y largo plazo a una marginación mayor que la arrastrada de por si históricamente.

Y es que la deuda del gobierno guerrerense no implica nada más pagos pendientes a proveedores y constructores heredados por el gobierno anterior, si no también millonarios abonos por concepto de incumplimiento fiscal y recargos por intereses, debido a que durante el periodo 2011-2015 la administración estatal no cubrió cuotas fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De ahí que cuando sucedió a principios del 2017 la caída de los precios del petróleo y el incremento en la cotización del dólar, al gobierno estatal le haya venido como anillo al dedo la circunstancia para aplicar acciones de restricción financiera que incluyeron la cancelación de pagos por viajes innecesarios, la suspensión de servicios de telefonía celular, disminución del presupuesto de promoción social y reducción de salarios a funcionarios de primer y segundo nivel, entre otras medidas de ajuste.

Si Héctor Astudillo hubiera ejercido estas restricciones fuera del escenario de crisis en el que comenzó el 2017, pocos, aún dentro de su gobierno, entenderían la necesidad de encarrilarse en una vía de austeridad para cuyo cumplimiento fue creada una comisión de seguimiento especial al cuidado presupuestal.

A la larga, el plan de reforma económica emprendido por Astudillo también ha servido para modificar conductas políticas, y de esta misma austeridad se puede entender que dentro del próximo proceso electoral quien no asimile que los tiempos del derroche quedan paulatinamente atrás, remara contra la tendencia marcada para ganar credibilidad.

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