El Vicario de la corrupción

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Miguel Ángel Arrieta

Antes de que las instancias federales acaben de definir la inhabilitación del diputado local Héctor Vicario Castrejón, para ocupar un cargo público dentro de los próximos diez años, deben investigar otros señalamientos integrados desde hace años al voluminoso expediente de corrupción que acompaña a este personaje.

Por lo pronto, el gobierno federal debe aclarar si el caso de la compra de terrenos inadecuados para construir vivienda autorizada por Vicario a su paso como delegado de la Sedatu, no es tan solo la gota que derramó el vaso de un extenso fichero saturado de denuncias por desvío de recursos, corrupción y ligas con el narcotráfico.

De hecho, en la práctica del trabajo político la resolución de la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar a Héctor Vicario durante diez años es el menor problema dentro del archivo acumulado en esferas federales para seguirle los pasos al político originario de Huitzuco formado bajo la sombra del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

En todo caso, lo grave para Vicario sería que se le procesara por supuestas relaciones con el crimen organizado.

Desde hace dos años el nombre de Héctor Vicario se colocó en la lista de políticos guerrerenses señalados de mantener vinculaciones serias o simplemente relaciones sospechosas con operadores del trasiego de drogas en la zona norte de Guerrero.

Hace poco más de dos años, el periódico Milenio publicó una lista de presidentes municipales en la que se incluyó a Héctor Vicario, entonces delegado de Sedatu, denunciados por mantener presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, organización a la que se atribuye la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ante esa acusación, Vicario negó cualquier relación con dicho cártel y ninguna autoridad federal o estatal investigó el caso.

De todos modos, el expediente Vicario no se agota en la vertiente de relaciones sospechosas con el crimen organizado; en 1995 integrantes del Club de Migrantes de Temaxcalapa, municipio de Taxco de Alarcón, encabezados por su representante Miguel Huerta, denunció al ahora diputado local de hurtarles 133 mil pesos que convertidos al tipo de cambio de aquel entonces representaba casi 17 mil dólares.

En la acusación de los migrantes radicados en Chicago, Illinois, se precisó que esa cantidad fue entregada a Héctor Vicario como parte de la aportación de los paisanos para contribuir a la construcción del camino hacia su comunidad, ya que la ejecución de esa obra se había convenido así con el gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

El dinero se le entregó a Vicario por ser el Subsecretario de Finanzas del Estado, de acuerdo a la instrucción de Rubén Figueroa, quien delegó durante su gobierno el manejo de la partida discrecional de la oficina del gobernador a Héctor Vicario.

En el desempeño de sus funciones Vicario Castrejón llevaba siempre con él un portafolio lleno de billetes para “resolver” asuntos personales de su jefe, por lo que se ganó el apelativo del “hombre del maletín”, ya que siempre que había que acallar una protesta o gratificar a los amigos del mandatario, el entonces subsecretario de Finanzas sacaba sin menoscabo dinero del portafolios y repartía fajos de billetes a manos llenas.

Recursos económicos que por cierto eran obtenidos de cuentas públicas del estado.

En su denuncia, los migrantes recordaron que, en una visita realizada a Chicago por Vicario Castrejón, el ahora legislador local se comprometió a devolverles los 133 mil pesos, pero Vicario jamás volvió a recibir las llamadas que le hicieron, y mucho menos quiso recibir a representantes de Temaxcalapa que solicitaban hablar con él para tratar este problema.

De ahí que cuando la Secretaría de la Función Pública dictaminó la suspensión de Vicario Castrejón durante diez años en cualquier cargo del servicio público, permanezca la duda sobre cuál es el motivo real, -no administrativo ni político-, que determinó imponer esa sanción, ya que el catálogo para iniciar un proceso legal es amplio y nutrido.

La información emitida por la SFP precisa que la suspensión de Vicario obedece a que, en su actuación como delegado de la Sedatu, Vicario autorizó la adquisición de terrenos destinados a construir viviendas para los damnificados del huracán Ingrid en el 2013.

En todo caso, los tiempos de la investigación sobre las irregularidades en que incurrió a su paso por Sedatu, terminaron por enredarse con las exigencias políticas acordadas por los integrantes de un gobierno federal priista en la Asamblea nacional de su partido, para ir a fondo contra la corrupción antes de la elección del 2018.

En este contexto, la piedra más pesada que arrastra a Vicario hacia el fondo es la necesidad de su partido para evitar que sus listas de candidatos sean contaminadas con personajes que acumulan un lastre aplastante de corrupción durante el proceso electoral del próximo año.

La persecución no es gratuita, pero tampoco injustificada.

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