Capama, viejas heridas sin sanar

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Miguel Ángel Arrieta

Más que un balance financiero sobre el estado contable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Capama), la información entregada ayer por diputados locales exhibe la incapacidad acumulada al menos durante las últimas cuatro administraciones municipales, para someter el organismo a un proceso de reingeniería que lo traslade a la productividad.

El fondo del problema es que desde hace 25 años en que el estado entregó el manejo de Capama al gobierno municipal, las administraciones acapulqueñas han optado por manejar la Capama como una dependencia pública, lo que ha llevado a cargar con nóminas excesivas, contratación de personal sin conocimiento, asignación de sueldos estratosféricos y utilizar los mandos directivos como premios políticos.

Fuera del respiro que tuvo durante el gobierno municipal de Zeferino Torreblanca, ante la concesión que hizo el entonces alcalde para que parte de la operatividad y supervisión del organismo lo tomara la Comisión Nacional del Agua, -lo que momentáneamente atenuó la problemática general de la Capama-, la quiebra de la institución se acentuó durante los periodos de Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve Baños y Luis Walton Aburto.

Cada uno de estos gobiernos hizo su respectiva aportación para taponear las arterias operativas de la Capama; el sello de Félix Salgado Macedonio es que inundó el organismo de amigos que nada sabían de ingeniería hidráulica y menos de administración de empresas.

Sin contar las decenas de edecanes que Salgado Macedonio ingresó a trabajar en la Comisión de Agua Potable tan solo por pertenecer a su círculo cercano de amigas.

De acuerdo a un dictamen dado a conocer por el diputado local Mauricio Legarreta, en aquel entonces regidor e integrante del Consejo de Administración de Capama, la administración de Manuel Añorve entregó el organismo con de deudas a proveedores superiores a los 50 millones de pesos.

“Se encontró una Capama con laudos laborales por 28 millones de pesos; problemas por juicios laborales del orden de 79 millones de pesos; 38 millones de pesos adeudados a la Conagua; casi 100 millones de pesos en pagos retenidos al ISSSTE”, informó en sesión de Cabildo Legarreta.

La administración de Luis Walton calificó de crítica la circunstancia en que recibió la Capama, y dijo que los problemas expuestos más el adeudo millonario con la Comisión Federal de Electricidad, obligaban a realizar una auditoría a la comisión. Pero en los hechos nunca se informó si se realizó esa revisión y si así fue nunca se conocieron los detalles de la misma.

Y es que al final de cuentas, el gobierno de Walton tampoco pudo resolver la ecuación para rescatar financieramente al organismo y lograr que se normalizara el abasto de agua potable en el municipio.

De ahí que ahora que los diputados Mauricio Legarreta, Samuel Reséndiz y Ricardo Mejía, conocieron los resultados de la auditoría realizada por la Auditoria General del Estado, (AGE), a la Capama, disponen ya de información suficiente para entender que su siguiente paso será ampliar esta revisión a por lo menos dos administraciones anteriores.

De no ser así, el ejercicio de transparencia que inició el diputado local priista, Samuel Reséndiz, al solicitar la auditoría a Capama terminaría en una componenda de lodazal partidista propia de tiempos pre electorales. Y todo apunta hacia esa definición pues Samuel Reséndiz es pupilo, colaborador, alumno y fiel seguidor de Manuel Añorve Baños, uno de los alcaldes cuya administración merece ser sometida a revisión escrupulosa.

Por lo pronto, la lectura inmediata sobre la auditoría realizada a la Capama durante el gobierno de Evodio Velázquez es el comienzo de la caída de paradigmas políticos a nivel local.

Dentro de una tendencia que inició con la persecución de ex gobernadores señalados de corrupción y malversación de recursos públicos, el juicio popular se cuestiona ya cuándo comenzarán a investigar a ex alcaldes y ex gobernadores de Guerrero.

En Acapulco, por lo menos hay tres aspirantes en capilla dentro de ese perfil, y los diputados Ricardo Mejía, Mauricio Legarreta y Samuel Reséndiz, saben que lo que encontró la AGE es apenas la punta del iceberg.

El iceberg Añorve-Walton-Macedonio.

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