Ayuntamientos sin aguinaldo

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Texto cortesía de Miguel Ángel Arrieta

Una somera revisión a la crisis social acentuada en diversos municipios de la entidad arroja que la inestabilidad observada en un elevado número de ayuntamientos no nada más surge del factor inseguridad; ya que gran parte de los problemas que enfrentan gobiernos locales se derivan de una torpe planeación presupuestal e incapacidad en la administración de recursos financieros.

De hecho, durante las últimas dos décadas el último bimestre del año ha sido revelador en cuanto al estado real que guardan los ayuntamientos guerrerenses. Cada ejercicio más de una cuarta parte de los gobiernos municipales se declaran insolventes para cubrir las quincenas y pago de aguinaldo de sus trabajadores.

Una buena parte de presidentes municipales solicitan al gobierno estatal préstamos a cuenta de adelanto de participaciones.

El problema es que esta crisis financiera se ha convertido en una práctica recurrente sin que los responsables de la fiscalización y administración de dineros municipales, -diputados y alcaldes-, entiendan la urgencia de corregir los vacíos legales que conducen a la inestabilidad económica de los ayuntamientos.

De acuerdo a datos proporcionados por el Secretario de Finanzas de Guerrero, Héctor Apreza Patrón, a pregunta expresa de reporteros acapulqueños, este fin de año el gobierno estatal auxiliará financieramente a una veintena de ayuntamientos con el fin de que los alcaldes puedan pagar salarios y aguinaldos.

Por lo pronto, Acapulco y Chilpancingo, gobernados por PRD y PRI respectivamente, recibirán 130 millones de pesos el primero, mientras que la capital del estado será apoyada con un estimado de 45 millones de pesos aproximadamente.

En este contexto, Apreza Patrón en una parte de su declaración deja sobre la mesa la clave desde la que debe iniciarse el debate para romper el ciclo de errores administrativos que colocan a los ayuntamientos en situación desesperada cada fin de año: “el estado no tiene la capacidad financiera para ayudar económicamente a todos los ayuntamientos, y tampoco puede suplantar la responsabilidad de los gobiernos municipales”.

Lo grave de este asunto no es que pidan prestado para pagar la nómina, sino que apenas consiguen préstamos los alcaldes jamás asumen estrategias de control financiero que les ayude a evitar andar de pedigüeños a fin de año.

Eso sin contar que hacen uso de participaciones adelantadas, lo que motiva que durante el siguiente ejercicio reduzcan capacidad operativa en la prestación de servicios públicos y disminuyan la inversión en obra pública.

Las afectaciones son inmediatas: ineficiencia en el mantenimiento de la ciudad equivale a baja calidad de vida. Y el no fortalecer y crear infraestructura pública representa nulo atractivo para quienes desean invertir económicamente.

En el fondo, lo que se detecta es un vacío legislativo debido a la falta de reglas precisas para sancionar a los ayuntamientos entrampados en la crisis de fin de año, particularmente porque en numerosos casos esas dificultades financieras se desprenden de actos de corrupción y despilfarro de las administraciones municipales.

Después de todo resulta dudoso que aun cuando plasman necesidades, gastos, metas e imprevistos en su ley de ingresos municipal con un año de antelación, cada fin de ejercicio los alcaldes se declaren insolventes.

Es difícil imaginar que pasaría si el gobierno estatal dijera que no cuenta con los mil 350 millones de pesos que necesita para cumplir compromisos salariales en diciembre. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas estatal garantiza disponer de ese presupuesto debido al extremo control de gasto con que funciona, y ante la estricta normatividad, vigilancia y disciplina a que está sometida por parte de la Secretaría de Hacienda, el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.

De las dos entidades responsables de fiscalizar a los ayuntamientos, el Congreso del estado ha partidizado esta función al grado de no revisar a fondo la cuenta pública de los alcaldes pertenecientes al partido mayoritario en la Cámara local. Y la Auditoria General del Estado, AGE, se ha convertido en un instrumento burocrático cuyo tortuguismo motiva que los presidentes municipales logren refugiarse en diputaciones para disponer del fuero que les impida responder a los faltantes presupuestales en que incurrieron.

Si en un ejercicio analítico los guerrerenses separaran el discurso demagógico pronunciado por candidatos en campañas electorales, de los resultados entregados por los mismos políticos cuando administran recursos financieros, los ayuntamientos dejarían de estar secuestrados por personajes señalados de cometer saqueo y quebranto financiero de gobiernos municipales.

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