Chilpancingo, Gro. 01 de Agosto del 2017 (IRZA). – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó entre 4 y 5 observaciones en el ejercicio de los fondos federales que ejecutó el gobierno de Marco Antonio Leyva (MAL).
En conferencia de prensa, el alcalde MAL rechazó irregularidades en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), cuyo manejo ha sido severamente cuestionado por el regidor Miguel Ángel Hernández Gómez y regidores.
Informó MAL que ese programa “está comprobado al 100 por ciento” y que los 14 millones de pesos que operaron en 2016, se aplicaron en dos ministraciones semestrales de 7 millones cada una.
Presumió que de los cinco municipios beneficiados con Fortaseg, sólo Chilpancingo y Coyuca de Benítez comprobaron cabalmente los recursos, mientras que Acapulco, Tlapa y Zihuatanejo sí tienen inconsistencias detectadas por la ASF.
Dijo que por ello los tres ayuntamientos no tendrán derecho a la segunda ministración del Fortaseg, cuyos recursos irán al “fondo de economías”, mismo en que Chilpancingo y Coyuca de Benítez podrán concursar por más recursos.
Leyva Mena aceptó que ya conoce los resultados de la auditoría de la ASF, pero se negó a precisar detalles y se comprometió a informarlos en la conferencia de prensa del martes 8 de agosto.
Una de las observaciones detectadas consiste en el alumbrado público de la avenida Miguel Alemán, la cual se ejecutó con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS).
De acuerdo con los lineamientos de la ASF, los recursos del FAIS están destinados para las zonas de mayor pobreza y marginación, por lo cual concluyó en que la avenida Alemán no reúne esas características.
“Debemos justificar que ese alumbrado impulsa el comercio” y que los comerciantes que allí laboran diariamente viven en zonas marginadas de esta capital, además de que se impulsa el desarrollo urbano de la capital, argumentó el alcalde.
Comunitarias, un peligro para el Estado Mexicano
El alcalde MAL también respaldó la conformación de policías comunitarias, pero desde la óptica ciudadana; es decir, que cada comunidad elija a sus elementos, a quienes se les regule el armamento.
Pero también que respeten los derechos humanos, que estén en plena coordinación con la Procuraduría General de la República y su similar de Guerrero, para que sean las instancias legales las que procuren justicia, y no las comunitarias.
Sostuvo que todo está estipulado en la Ley 701 que está programada para zonas indígenas, y citó que Chilpancingo no tiene ninguna comunidad con esas características, por lo que consideró que el Congreso en su conjunto deber ser cuidadoso en ese rubro, mediante la vía del diálogo.
Leyva advirtió que la presencia de esos grupos armados “es muy peligrosa” para el Estado Mexicano, porque “significa que las instituciones no somos capaces de coordinarnos con estos grupos armados que de repente se pueden liar con otro tipo de organizaciones (de la delincuencia organizada), eso es un problema delicado”.
