Chilpancingo, Gro. 16 de Julio del 2017 (IRZA). – El Centro de Reinserción Social (Cereso) debe construirse en un terreno intermedio entre los municipios de Acapulco y Chilpancingo, alejado de la población urbana y con las condiciones básicas para reinsertar a los presos a la vida productiva del estado.
La idea, luego de que el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó a su gabinete de Seguridad Pública hacer las gestiones necesarias para financiar la construcción de un nuevo penal en Guerrero, con características para albergar a reos de alta peligrosidad.
Al respecto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos, opinó que la construcción de este nuevo centro debe hacerse justo a la mitad entre ambos municipios.
“Qué bueno que el gobierno ya está interviniendo y anuncia el estudio de un nuevo penal, eso puede ayudar, pero qué este ubicado en las inmediaciones entre Acapulco y Chilpancingo para atender ambos problemas”, consideró.
Agregó: “Atendería el problema de hacinamiento, pero también de ubicación. Chilpancingo tiene un grave problema de ubicación, ya no es viable ni es operativo la ubicación que tienen los penales de Chilpancingo y Acapulco, porque están en medio de los núcleos poblacionales”.
Sedena hace tedioso el trámite para portar armas
Cuestionado sobre la solicitud de permisos que empresarios capitalinos han presentado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para portar armas de fuego, el líder empresarial señaló que son trámites muy tediosos.
“Tenemos nuestras dudas; yo mismo he intentado hacer el trámite, pero es muy largo y tedioso, y además se requiere la autorización del secretario de la Defensa Nacional”, dijo en referencia al general Salvador Cienfuegos Zepeda.
“Dudo que estos permisos sean ciertos, aun cuando alguien cubra los requisitos. La ley nos da ventaja, pero son muchos requisitos y algunos insalvables”, manifestó en entrevista el líder empresarial capitalino.
Alarcón Ríos, empresario de Chilpancingo, tiene protección personal desde hace tres años a través de las medidas cautelares que le autorizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando fungía como vicepresidente de Coparmex y presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Chilpancingo.
Confirmó que las medidas cautelares le fueron autorizadas “por tiempo indefinido” porque ha tenido “indicios de vigilancia”.
“Me ha preocupado mucho porque he notado movimientos inusuales de algunas personas que me rodean en mi negocio y mi hogar”, externó.
El líder empresarial, quien se desplaza a bordo de una camioneta blindada oficial de la marca Cadillac, manifestó que las autoridades no están enterradas de esos “movimientos” porque “no ha habido ninguna evidencia; sólo tengo sospechas”.
