Chilpancingo Gro; a 25 de marzo de 2024.- En este texto quiero analizar un tema de interés para todo el pueblo guerrerense. Se trata de un asunto que toca fibras sociales sensibles, que nos remite a un pasado al que no queremos volver y que nos da motivos para unirnos todas y todos en un frente común.
Hace unos días el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República solicitó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Afirman que en la entidad hay una situación de “ingobernabilidad insostenible”. Sin embargo, en el texto legal entregado a la mesa directiva no hay nada que se parezca a un diagnóstico.
Ya he fijado mi postura en diversas entrevistas. He señalado que no hay manera de que prospere una solicitud de este tipo, sin evidencia y claramente electorera. Por eso, quiero aprovechar este espacio para poner el tema en perspectiva y analizarlo brevemente desde la óptica jurídica e histórica. Las y los guerrerenses merecen tener la película completa de lo que está pasando y entender por qué no procederá ni es pertinente invocar la desaparición de poderes.
Lo primero que hay que decir es que, la desaparición de poderes es un proceso legislativo por medio del cual el Senado determina que la o el Titular del Ejecutivo y los integrantes de los Poderes Legislativo y Judicial ya no pueden ejercer poder político ni sus funciones estatales. En otras palabras, se elimina toda autoridad formal y democráticamente electa o designada. En su lugar, el Senado nombra a un gobernador provisional elegido de entre una terna enviada por el Presidente de la República.
Entonces, ¿El Senado está facultado para desaparecer los poderes? Sí ¿Puede hacerlo por cualquier motivo? No. Este proceso fue pensado para situaciones excepcionales, para preservar el orden constitucional y republicano. De hecho, cuando no había reglas claras sobre cómo decretar la desaparición de poderes se prestó a abusos de autoridad y desde que se reglamentó, no se ha usado nunca. Me explico.
De acuerdo con la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República hay cinco casos en los que se configura una situación que amerite la desaparición de poderes. En primer lugar, cuando los titulares de los poderes “quebrantaren los principios del régimen federal”. En segundo lugar, cuando “abandonaren el ejercicio de sus funciones”. En tercer lugar, cuando “estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones”. En cuarto lugar, cuando “prorrogaren su permanencia en sus cargos”. En quinto lugar, cuando “promovieren o adoptaren forma de gobierno” distinta a lo que establece la constitución.
Vamos a revisar caso por caso. Primero, ni la gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, ni el Congreso ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado hemos quebrantado los principios del régimen federal. Por el contrario, la coordinación con la Federación, los municipios y entre Poderes es más fuerte que nunca en la historia.
Segundo, nadie ha abandonado el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, ha incrementado la responsabilidad sobre los asuntos públicos. El amplio catálogo de políticas sociales es muestra de que en el Poder Ejecutivo se asumen las funciones constitucionales. En el Poder Legislativo hay diálogo, acuerdos y altos niveles de productividad con leyes de vanguardia. En el Poder Judicial se sigue procurando justicia y trabajando en su profesionalización. ¿Se puede hacer mejor? Por supuesto, todas las labores son perfectibles y estamos trabajando en ello.
Tercero, a todas luces es evidente que no hay personas tomando decisiones en los tres poderes del estado que estén imposibilitadas físicamente. Cuarto, nadie, absolutamente nadie está intentando permanecer más tiempo del que nos corresponde. La gobernadora va apenas a la mitad de su mandato y en el Congreso quienes vamos por la reelección, somos conscientes de que si perdemos nos dedicaremos a otra cosa. Así es la democracia. Quinto, nadie, de ningún partido político o instancia de gobierno está proponiendo la adopción de una monarquía o la instauración de un régimen distinto al constitucional.
Como pueden ver, queridas y queridos lectores, la solicitud de desaparición de poderes no tiene pies ni cabeza, no tiene razón de ser. Mucho menos tiene posibilidades reales de prosperar. Los criterios son muy claros y en Guerrero estamos muy lejos de cualquiera de esos escenarios. Como suele hacer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hagamos un breve repaso por nuestra historia como nación.
En perspectiva histórica, la desaparición de poderes ha sido un poderoso instrumento político del Ejecutivo Federal para remover gobernadores incómodos y sustituirlos por personajes afines. Esta figura surgió en 1875, cuando se reinstauró el Senado de la República, como un medio para preservar el orden constitucional en las entidades federativas. La figura se incluyó en la Constitución de 1917, pero se reglamentó hasta 1978.
Fue justamente en esas décadas, ante la ausencia de una regulación clara, que se empleó con exceso. En un extraordinario libro titulado “La intervención federal en la desaparición de poderes”, Manuel González Oropeza revisa los más de sesenta casos registrados en el país. Tan solo en Guerrero el Senado aprobó la desaparición de poderes en 1918, 1935, 1941, 1954 y 1975. Eran tiempos turbulentos en los que se estaba edificando el Estado mexicano, no había una clara división de poderes y ni hablar de democracia. Por supuesto que desde que se reglamentó en 1978 y se estipularon casos específicos no ha procedido la desaparición de poderes ni una sola vez.
Este breve repaso histórico nos enseña que no es procedente la desaparición de poderes en la entidad. En Guerrero no hay ingobernabilidad y ninguna de sus autoridades ha claudicado en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, lo hacemos con ética, responsabilidad y vocación de servicio. Los cambios en el gabinete y el proceso de selección de la persona que ocupará la Titularidad de la Fiscalía General del Estado son muestra de decisiones firmes y son una oportunidad para mejorar procesos sustantivos de la seguridad pública y la procuración de justicia.
En el Congreso de Guerrero predomina el diálogo y la colaboración entre los grupos parlamentarios. Gracias a ello hemos superado diferencias ideológicas y hemos legislado en beneficio de nuestra población. Logramos saldar una deuda histórica con las mujeres guerrerenses con la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Hemos impulsado iniciativas, como el matrimonio igualitario, para cerrar brechas en el acceso a derechos.
Cómo Legislatura, hemos hecho de la consulta pública un auténtico instrumento democrático para nutrir nuestro trabajo, las hemos realizado en materia de seguridad pública, asuntos electorales y temas educativos. Con ello hemos dado voz a grupos históricamente marginados como personas con discapacidad. En Guerrero no hay parálisis legislativa, por el contrario, hay una Legislatura muy productiva y comprometida con desahogar todos los pendientes en el último año. El Congreso del Estado es un factor de gobernabilidad.
Sobre todo, hay voluntad de colaborar en la solución de los problemas públicos que más preocupan y afectan a nuestra comunidad. Todo ello, en el ejercicio de nuestras facultades y atribuciones. Problemas hay, eso no se niega. Sin embargo, la solución no es la desaparición de poderes. Sino el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y municipales. En la entidad, vamos por ese mismo rumbo, nuestra gente no ha perdido la esperanza.
El pueblo de Guerrero reconoce la labor del gobierno. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2023) del INEGI, Guerrero ocupa el cuarto lugar nacional entre las entidades en las que la población confía más en los gobiernos estatales. Así lo expresó una mayoría de 58.3%. El promedio nacional de confianza es de 48.2%, el registro más alto es de 62.9% y el más bajo de 35.1%.
Si ponemos en perspectiva este asunto se pueden apreciar dos aspectos. Por un lado, la solicitud presentada para desaparecer los poderes es una decisión política en un contexto electoral. Por el otro, no hay elementos jurídicos ni hechos que ameriten la desaparición de poderes. En consecuencia, una decisión del Senado en ese sentido generaría más problemas que los que pretende resolver. Sería un retroceso, una vuelta al viejo régimen antidemocrático, una traición a la confianza expresada por el pueblo guerrerense en su gobierno estatal.
Si algún partido o grupo parlamentario quiere desaparecer poderes, mejor que apunte hacia otro lado. Los únicos poderes que hay que desaparecer en México son los poderes fácticos. Desde los grupos del crimen organizado hasta los grupúsculos de la mafia en el poder, desde las oligarquías económicas hasta las políticas. Ese será el legado de la Cuarta Transformación, desmontar la estructura institucional del neoliberalismo en el que los poderes fácticos gobernaron a sus anchas.
Estoy convencida de que en todas las fuerzas políticas hay mujeres y hombres que conocen la historia. Saben que Guerrero ha padecido los abusos del centralismo y que la unidad es lo que nos ha sacado adelante. Los poderes fácticos representan un enorme desafío que no se resuelve en un periodo de gobierno. Estos grupos operaron impunemente por décadas, se fortalecieron y enquistaron en las estructuras sociales, políticas y económicas.
Es momento de acordar, entre todas y todos a Guerrero. Por eso, hago un llamado a todos los partidos políticos. Acabar con los poderes fácticos debe ser política de Estado. Los poderes fácticos son el principal obstáculo para el bienestar. Así que dejemos de lado las diferencias ideológicas y hagamos un frente común. Hagamos historia.
