Ciudad de México. 01 de Septiembre del 2016. – De manera unilateral, el gobierno de Enrique Peña Nieto retiró las medidas de protección que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un testigo que declaró en el proceso por homicidio que se sigue contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace 23 meses.
Magdalena López Paulino, representante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDIAC), denunció que sin notificar a la CIDH, “el Estado mexicano retiró todas las medidas de protección para Nicolás Mendoza Villa, quien fue testigo presencial del homicidio de Arturo Hernández Cardona” en junio de 2013 y del que responsabiliza a Abarca Velázquez.
El 1 de diciembre de 2014 la CIDH libró las medidas cautelares MC185/13 a favor de Mendoza Villa, así como de la viuda de Hernández Cardona, Lorena Mendoza Velázquez, y su hija Soledad Hernández Mena.
Hernández Cardona, exdirigente del PRD en Guerrero y líder social de Iguala, fue secuestrado junto con otros miembros de Unidad Popular (UP) el 30 de mayo de 2013, y fue localizado el 3 de junio, ejecutado por arma de fuego, junto con Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Mendoza Villa, quien se desempeñaba como chofer del dirigente social, logró escapar del secuestro y declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que antes de huir vio cómo el exalcalde ejecutó a Cardona a quemarropa.
Pese a esa acusación y los señalamientos de la presunta colusión de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con el crimen organizado, ambos personajes permanecieron sin ser procesados, hasta que ocurrió la desaparición de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH instruyó al Estado mexicano a proteger a Villa y copeticionarios al confirmar que “los derechos a la vida e integridad de estas personas están en riesgo debido a la denuncia presentada por la presunta desaparición y posterior ejecución” del líder social.
De acuerdo con la representante de RSDIAC, las medidas de protección que se otorgaron en respuesta a la resolución de la CIDH fueron retiradas “de forma unilateral”, luego de que Mendoza Villa acusó que los guardias de seguridad que le asignaron se habían presentado con él en estado de ebriedad, y que la agente Margarita Ramírez lo amenazó y tomó fotos a sus hijos.
López Paulino contó que el 4 de junio pasado dichos guardias, que habían sido removidos, fueron vistos por la familia rondando la vivienda del testigo, por lo que el 6 de junio la RSDIAC solicitó una reunión urgente con el responsable de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Ricardo Sánchez del Pozo, para “hablar del estado de vulnerabilidad en que estaba Nicolás y su familia”
En ese encuentro, dijo, “se le presionó mucho a Nicolás, hasta que él dijo que le retiraran las escoltas, que dejaron de darle seguridad un mes después, pero no aceptó que se le retiraran otras medidas de protección”.
Resaltó que el 15 de agosto, Mendoza Villa recibió una llamada de Beatriz Mora, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para anunciarle que pasaría a su domicilio para retirarle los botones de pánico que le habían proporcionado para estar en contacto con autoridades en caso de emergencia.
Ante la situación de riesgo que enfrentaba, Mendoza Villa tuvo que buscar un nuevo refugio por el temor a ser privado de la vida, ya que desde su denuncia ha sido constantemente acosado y perseguido, agregó López Paulino.
Y mientras el testigo clave contra Abarca anda a salto de mata, la investigación por desaparición forzada y desaparición de Arturo Hernández, atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), está detenida, agregó la dirigente de RSDIAC, organización fundada por el obispo Raúl Vera López.
“José Luis Abarca tramitó un amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con número 409/2015, para no responder a la acusación por el homicidio de Hernández Cardona, pero fue sobreseído el 4 de agosto, y su defensa interpuso un recurso de revisión el miércoles 24, por lo que se está en espera de que el juzgado responda”, añadió.
La defensora recordó que en octubre de 2014 se libró la orden de aprehensión contra Abarca y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velásquez, también implicado en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Hasta ahora se encuentra prófugo de la justicia.
Sostuvo que un motivo más por el que está parado el asunto es porque uno de los señalados por otro sobreviviente, Mauro Valdez Castro, exdirector jurídico del gobierno de Abarca, también prófugo, se amparó contra su posible detención.
Ante la impunidad en que se encuentra el caso y el riesgo que corre Mendoza Villa, Magdalena López Paulino anunció que entre el 4 y el 11 de septiembre próximo acompañará a la hija del líder social ultimado, Soledad Hernández Mena, a una gira por Washington y Nueva York, para sostener una reunión de trabajo con comisionados de la CIDH, así como con Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG) y Freedom House.
En la gira de denuncia también se reunirán con el embajador de México ante la Organización de estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora, “para poner sobre la mesa la ilegalidad con que se tratan estos casos”.
López Paulino señaló que en la mesa de trabajo acordada con la CIDH abordarán, además del caso de Hernández Cardona, el estado en el que se encuentra el litigio sobre la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 en Ayutla, Guerrero, en la que miembros del Ejército al mando del general Alfredo Oropeza Garnica ejecutaron a diez indígenas y a un estudiante, mientras pernoctaban en la escuela de la comunidad mixteca.
*Información tomada de Proceso
