Chilpancingo, Gro. 28 de Julio del 2017 (IRZA). – La aprobación de una auditoría especial a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), por presuntos actos de corrupción, volvió a confrontar a diputados del PRI y PRD.
Mediante acuerdo parlamentario propuesto por el diputado del PRI, el añorvista Samuel Reséndiz Peñaloza, el Poder Legislativo instruyó a la Auditoría General del Estado (AGE) a que revise el manejo financiero de la paramunicipal.
La propuesta fue aprobada por mayoría de votos de los diputados del PRI, PVEM y MC, mientras que los del PRD denunciaron el “uso faccioso” del Poder Legislativo con fines políticos en contra del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
De acuerdo con la propuesta, la AGE auditará el ejercicio fiscal 2016 de la CAPAMA con el objetivo “especial” de detectar y en su caso denunciar ante la Fiscalía General del Estado “posibles actos de corrupción” cometidos por sus autoridades.
En defensa del alcalde Velázquez Aguirre, subió a tribuna el diputado del PRD, Ociel Hugar García Trujillo, quien propuso que la auditoría se aplique del 2009 al 2016, que incluye a las administraciones de los ex alcaldes Manuel Añorve Baños, del PRI, y Luis Walton Aburto, de MC.
Exigió una auditoría objetiva y respaldó que se consideren acciones penales y resarcimiento financiero si se comprueban hechos ilegales en el manejo de los recursos, pero desde las pasadas administraciones que dejaron en “quiebra” financiera a la paramunicipal.
“Lo demás es pura cortina de humo. La CAPAMA dejó de ser caja chica porque (el dinero) se lo robaron muchos sinvergüenzas y nadie alzaba la voz”, expuso. Sin embargo, la reserva fue desechada por mayoría de votos.
El legislador perredista denunció que los diputados del PRI, PVME y MC utilizan la tribuna “para uso faccioso y electorero” en contra de Evodio Velázquez, y los retó a que canalicen sus denuncias ante las instancias que corresponden si tienen comprobados los presuntos actos de corrupción.
Pero el priista Samuel Reséndiz dijo que el director de la CAPAMA, Javier Chona, reconoció actos de corrupción por personal de la paramunicipal, adeudos financieros irregulares, deficiencias operativas, mala planeación presupuestal, adquisiciones innecesarias, entre otras debilidades institucionales en su comparecencia ante diputados.
Aseguró que los diputados del PRI detectaron incremento presupuestal desproporcionado e inequitativo de sueldos a mandos medios y superiores porque el presupuesto del 2016, destinado a sueldos de funcionarios, fue modificado en un 28 por ciento, pasando de 7 millones 88 mil pesos a 9 millones 52 mil pesos, en tanto, al personal administrativo y operativo no se le otorgó incremento en esa proporción.
Agregó que, en 2016, el saldo de almacén de CAPAMA subió en un 153 por ciento en relación con 2015, por adquisiciones innecesarias, no obstante los problemas de liquidez del organismo y de que estas compras no representaron una mejora en la calidad de los servicios.
También cito el crecimiento de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, los cuales pasaron de diciembre de 2015 a diciembre de 2016, de 128 millones 252 mil pesos a 140 millones 416 mil pesos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, respaldó la propuesta al señalar que las comparecencias del fiscal Xavier Olea y la del director de CAPAMA, Javier Chona, fueron “ilustrativas”, aunque éste último se mostró “incompetente” al señalar que “no tiene el control de la paramunicipal”.
“Que la Auditoría General del Estado haga un arqueo y revisión a las finanzas porque estas deficiencias administrativas están impactando en la calidad de dotación de agua y saneamiento, así como en el alcantarillado”, sostuvo.
