Mineras promueven amparos contra el gobierno estatal y 8 ayuntamientos

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Chilpancingo, Gro. 20 de Agosto del 2017. – El gobierno de Guerrero y los ocho municipios con presencia de empresas mineras sí pueden impugnar el amparo que éstas promovieron para esquivar el Fondo Minero.

De acuerdo con el diputado Silvano Blanco Deaquino, presidente de la Comisión de Desarrollo Económica del Congreso local, ambas instancias de gobierno están dentro del juicio como “terceros perjudicados”.

Pero confió en que las autoridades estatales y municipales pongan su empeño para evitar que las mineras su sustraigan de la aportación del 7.5 por ciento que deben hacer al Fondo Minero, con base al total de su ganancia anual.

Pero el legislador por el Partido Movimiento Ciudadano consideró que ese porcentaje no se compara en nada con las ganancias que obtienen al año por la explotación de los minerales.

Informó que las autoridades estatales y municipales ya fueron notificadas del amparo que promovieron varias empresas, entre ellas Media Luna, y que los casos ya se están “ventilando en los tribunales”.

Sin embargo, Blanco Deaquino adelantó que es “difícil que proceda” el juicio de amparo porque va en contra de la Ley Federal de Derechos y del decreto que emitió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Mineras también evaden impuestos

El ex alcalde de Zihuatanejo de Azueta refirió que además de pretender esquivar su aportación al Fondo Minero, las empresas también se niegan a cumplir con el pago de impuestos.

“Dicen que sí pagan impuestos, pero la realidad es que no es así”, aseguró, y recordó que sólo en 2014 aportaron al Fondo Minero, y que los recursos se destinaron a obra pública de infraestructura básica.

Añadió que el impuesto estatal del 2 por ciento sobre la nómina “ni siquiera lo pagan”, y que incluso la administración estatal se los exenta, lo cual no debería de ser porque los índices de pobreza y marginación contrastan con la riqueza que se llevan cada año del territorio guerrerense.

Refirió que esas empresas también se niegan a pagar el impuesto predial a los ayuntamientos en cuyo territorio se encuentran instaladas, y que se trata de grandes extensiones de tierra en explotación.

Recordó que, en su gestión como subsecretario de Desarrollo Económico, en la administración del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, concilió con la empresa ubicada en la comunidad de Campo Morado, municipio de Arcelia, para que pagara ese impuesto, pero que los representantes de la empresa y del ayuntamiento llegaron a un acuerdo.

“El otro impuesto que normalmente pagamos los ciudadanos, el derecho de alumbrado público que viene en recibo de luz, tampoco lo pagan porque estas empresas contratan despachos jurídicos y han ganado amparos y pagan; no quieren pagar nada”, aseveró.

Por todo eso consideró que los tres niveles de gobierno deben privilegiar una política de proyectos productivos en donde los ciudadanos se vuelvan proveedores de la mina porque, hasta eso, las empresas compran todo fuera del estado o del país.

No son oficiales los amparos de mineras contra el gobierno estatal

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera, negó que el gobierno del estado haya sido notificado del amparo que promovieron empresas mineras para sustraer su aportación del Fondo Minero, aprobado por decreto presidencial.

“Hasta este momento, como terceros perjudicados, no tenemos notificación”, declaró, pero fue desmentido por el diputado Silvano Blanco Deaquino, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local.

“No nos han notificado (oficialmente), (pero) de que tenemos conocimiento, sí tenemos conocimiento”, admitió, y agregó que el gobernador Héctor Astudillo Flores está al tanto del proceso jurídico.

“La mayoría de las (empresas) mineras están amparadas ante ese impuesto, (porque) es parte del derecho que tienen”, dijo, pero también confió en que el Fondo Minero siga vigente.

De acuerdo con el ex diputado federal, se trata de un trámite legal cuya competencia recae estrictamente en los tribunales, a quienes les corresponde determinar si los amparos son procedentes o no.

Y reconoció que si los órganos jurisdiccionales fallan a favor de las empresas “sería un retroceso”, porque ese Fondo deriva en que las “ganancias se queden en beneficio de las comunidades donde se están explotando los minerales”.

A diferencia del diputado Silvano Blanco, el funcionario estatal defendió la aportación de las empresas tras asegurar que el Fondo Minero está vigente desde el ejercicio fiscal 2014, cuyo financiamiento se liberó al estado y a los municipios y con el ejecutaron obras de infraestructura básica.

También dijo que ya les notificaron la aprobación de 28 millones de pesos que recibirán del ejercicio fiscal 2015, de los cuales 17 millones le corresponden a la administración estatal y el resto se distribuirá entre los municipios.

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