Chilpancingo, Gro. 02 de Diciembre del 2017. – El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos han disminuido considerablemente en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, derivado de la implementación de herramientas específicas para su atención y protección.
En una reunión con representantes de la ONU encabezados por David Caye, relator especial sobre Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Salazar Adame destacó que el gobierno estatal “acepta la crítica” y no observa a los comunicadores como “un conflicto”.
Durante el encuentro efectuado la tarde de este sábado en Palacio de Gobierno, rechazó categóricamente que el gobierno de Guerrero cuente con equipo tecnológico para “rastrear o interferir” -espionaje- a los medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos.
“El gobierno carece de este equipo; en la administración del gobernador Héctor Astudillo no se ha adquirido ni se adquirirá este mecanismo”, lo cual, aseguró, constituye una “violación a los derechos humanos”.
Porque, destacó, los medios de comunicación son indispensables para la democracia de un Estado, aunque reconoció el “panorama difícil” generado por la violencia que convierte al periodismo y a la defensoría de los derechos humanos en “actividades de alto riesgo”, y que por eso en coordinación con el gobierno federal han implementado acciones de seguridad para esos dos sectores.
Por eso destacaron la implementación y reforzamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Unidad para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), entre otros mecanismos.
El funcionario informó que recientemente pusieron un “mapa de riesgo” a disposición de los comunicadores, el cual establece la incidencia delictiva de cada zona de la entidad, y aunque destacó que no pretenden monitorear sus actividades, dijo que ningún comunicador ha accedido a esa herramienta.
Por eso reconoció que “el principal desafió” del gobierno es que el mecanismo estatal genere “confianza” a los periodistas y defensores de derechos humanos, y por lo cual, agregó, el gobernador Astudillo designó en esas áreas a funcionarios con experiencia y perfil profesional. “No se trata de personas improvisadas”, comentó.
Salazar agregó que el “principal problema” del gobierno estatal consiste en “la severa limitación presupuestal” por un déficit de 21 mil millones de pesos que ninguna otra administración estatal enfrentó, pero que tampoco ha sido obstáculo ni impedimento para establecer las medidas de protección y atención para esos dos sectores.
María Elena Jaimes Martínez, titular de la Unidad para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, informó que en la actual administración han atendido 23 asuntos, 12 de periodistas y 11 de defensores de derechos humanos.
Agregó que mantienen un monitoreo permanente de posibles amenazas derivado de las actividades que realizan miembros de los dos sectores, lo que ha permitido atender oportunamente los casos que se han registrado.
En lo que va de la actual administración estatal se han registrado dos homicidios contra comunicadores, Francisco Pacheco Beltrán, en Taxco de Alarcón; Cecilio Pineda Birto, en Pungarabato, y el ataque a balazos en Ometepec contra Marcela de Jesús Natalia, quien sobrevivió.
Así como la privación ilegal de la libertad y robo cometido en agravio de un grupo de seis periodistas en Acapetlahuaya (Tierra Caliente), entre ellos, el corresponsal del periódico “la Jornada”, Sergio Ocampo Arista.
José Antonio Bonilla Uribe, vicefiscal de la Fiscalía General de Estado, informó que han iniciado las investigaciones en coordinación con la Procuraduría General de la República, en el caso del homicidio cometido contra el comunicador Cecilio Pineda Birto, que derivó en la emisión de la orden de aprehensión en contra de un presunto responsable de ese asesinato.
Presume Zamora bondades del FAP
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalva, destacó las bondades del FAP, el cual, dijo, es el único de su tipo en el país y que está “orientado a elevar la calidad de vida de los periodistas y de sus familias” y que actualmente consta de un padrón de 484 comunicadores.
Aseguró que tras considerar la “vulnerabilidad por carencia de ingreso”, se les ha dado atención para reducir su rezago educativo, problemas de alimentación, salud, seguridad social, actualización y profesionalización.
Al relator de la ONU le dijo que los periodistas de Guerrero no tienen un “contrato formal” y que se les paga “por colaboración o nota publicada”, y que además “no tienen servicios médicos, fondos para el retiro, no tienen acceso a créditos y hay deficiencias en la calidad de la vivienda”, por lo cual, añadió, el gobernador Astudillo atiende todos esos rubros a través del FAP, cuya incorporación es voluntaria.
Salazar Adame matizó que el gobierno estatal, a través del FAP, no pretende sustituir las obligaciones de las empresas de los medios de comunicación con sus trabajadores, porque “son tareas que deben asumir los empresarios”, pero admitió que la mayoría de esos medios “se desenvuelven con precariedad”
David Caye, relator especial de la ONU, felicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores y a sus colaboradores por la implementación de los mecanismos de atención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Porque en sus pláticas con periodistas y con base a consulta de varios informes, incluyendo de Guerrero, “hay una idea de que persiste la inseguridad a pesar de la existencia de estos nuevos mecanismos”, cuyos representantes manifiestan “una sensación de amenaza”, pero aclaró que esa percepción no es privativa de la entidad, sino de todo el mundo.
