Acapulco, Gro. 08 de Diciembre del 2016 (IRZA). – El 30 por ciento de los 55 mil empresarios locales de Acapulco “pagan cuota” al crimen organizado para no ser “asesinados”, confirmaron este jueves a diputados locales miembros de este sector, quienes demandaron la creación de un fondo económico especial para víctimas de extorsiones.
Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Confederación de las Cámaras de Comercio en Guerrero, agregó que en este año se han registrado al menos 5 mil casos de extorsión en Acapulco, lo que ha provocado el cierre de 2 mil 500 negocios aproximadamente.
Pero estimó que podrían acabar el año con cerca de mil 3 mil negocios cerrados en el puerto, derivado del repunte de la violencia e inseguridad, entre ellos bares y discotecas emblemáticos, así como de giros diversos.
Martínez Sidney y un grupo de empresarios de casi todo el estado afiliados a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) se reunieron con diputados locales, a quienes denunciaron el hostigamiento diario que enfrentan por parte del crimen organizado.
De acuerdo con los empresarios, la incidencia de homicidios dolosos ha disminuido considerablemente, pero ha incrementado la extorsión. “La gente está pagando para evitar ser asesinada, por eso han bajado los homicidios”, precisó.
Advirtieron el colapso de la actividad comercial de Acapulco y de otros municipios de la región Costa Grande y Centro, si autoridades permiten que los grupos criminales sigan haciendo de las suyas, pues hasta las vendedoras de chicles “pagan cuota”.
A este encuentro acudieron los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Cuauhtémoc Salgado Romero, Víctor Manuel Martínez Toledo, Mauricio Legarreta Martínez y Silvano Blanco Deaquino, quienes se comprometieron a intervenir para que ya no sufran ese problema.
Martínez Sídney adelantó que debido al pago de aguinaldos y el incremento de precios de diversos artículos para el siguiente año, aumentarán los casos de extorsión, incluso a partir de enero del 2017, por lo que urgió a las autoridades tomar medidas preventivas.
Vamos a tener que auto defendernos
Arcadio Chona, empresario del municipio de Juan. Escudero, advirtió que, si el gobierno no garantiza la seguridad de los ciudadanos, “vamos a tener que auto defendernos”, aunque aceptó que tampoco es sencillo, porque requieren armas.
Planteó que los recursos millonarios que se destinan anualmente a los cuerpos de seguridad, sin garantizar buenos resultados, que se canalicen a las policías ciudadanas. No obstante, también pidió la regulación de estos grupos.
Porque, además, dijo, también incurren en actividades deshonestas, como obligar a los automovilistas que transitan por la carretera federal México-Acapulco a entregarles “cuotas” a manera de “cooperaciones voluntarias para su movimiento”.
“No pedimos dinero, pedimos que nos dejen trabajar, porque están matando al comercio”, advirtió el empresario Javier Saldivar Rodríguez.
Cuestionó el trabajo del titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez, porque en cada reunión les dice que no existe “delincuencia organizada”, que se trata de grupos de cinco personas que “andan extorsionando”.
Y que además la Fiscalía carece de recursos suficientes para implementar acciones contundentes contra la delincuencia organizada que inhiba el “flagelo” que viven todos los días.
Los empresarios pidieron a los diputados que incrementen el presupuesto de la Fiscalía para el próximo año para que Olea Peláez “no tenga pretextos”.
Leyes y reunión con Osorio Chong, plantean
Alejandro Aguilar y Francisco García Burguoa demandaron la intervención del Congreso y de las autoridades estatales para reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para plantearle la situación de inseguridad que viven en la entidad y las acciones que deben implementarse para recuperar sus actividades comerciales.
Anunciaron también que impulsarán leyes y reformas a la Constitución que beneficien a los ciudadanos y no a los delincuentes.
Propusieron la creación de un fondo financiero para víctimas de extorsión y secuestro, así como respaldo jurídico y psicológico, para enfrentar estas crisis que destruyen sobre todo la actividad económica y la paz social y sobre todo a las familias.
También pidieron una ley más severa para que el delito de extorsión se tipifique como grave porque el nuevo sistema penal acusatorio permite a quienes incurren en ese delito a enfrentar el proceso en libertad, lo cual constituye un riesgo a sus vidas.
Agregaron que hace falta más coordinación en los operativos de seguridad implementados de manera extraordinario por autoridades del gobierno federal y del estado, falta más coordinación y eficacia, porque los filtros sólo han estado de adorno, “en los operativos podemos ver a los agentes federales dejar pasar libremente a todo mundo”.
En materia de derechos humanos, los diputados reconocieron que nada sirve que se endurezcan las penas contra los delincuentes si instancias como las Comisiones de Derechos Humanos los defienden e instancias como los tribunales y jueces los dejan libres.
Sin embargo, los diputados se comprometieron a analizar sus peticiones, a generar puntos de acuerdo y a intervenir para que puedan reunirse con las autoridades federales y estatales. Pero aclararon que el fiscal sí tiene recursos para cumplir con su responsabilidad.
